La sala disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación ordenó el pasado 27 de octubre compulsar copias a la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, para que se investigue de manera disciplinaria a los posibles responsables de un presunto detrimento patrimonial contra el Fondo Rotatorio de la Registraduría, por la compra del edificio Metrópoli, en Ibagué.

Por su parte la Contraloría desde el 12 de noviembre de 2015 ordenó la apertura de un proceso de responsabilidad Fiscal, ante un presunto detrimento patrimonial por sobre costos de 527 millones 687 mil pesos, vinculándose al ingeniero civil Rafael Páez, contratista del Fondo Rotatorio de la Registraduría, y a su vez quien efectuó el avalúo del inmueble por mil 660 millones de pesos, valor por el que se hizo la compraventa.

De igual manera a Ricardo Díaz, quien para la época de los hechos era el gerente Administrativo y Financiero de dicho Fondo; también a Carlos Ariel Sánchez, exregistrador nacional y representante legal del Fondo; a Hernando Heredia, Registrador delegado para el Tolima; a María Cecilia del Río, jefe de la oficina jurídica de la Registraduría nacional; y al representante de la empresa vendedora del inmueble, Supernova, cuyo cargo en la época de los hechos fungía Miguel Ángel Moreno Tovar.

Además, se ordena vincular al proceso en calidad de tercero civilmente responsable, a la aseguradora Colseguros, por la póliza de seguros global de manejo estatal.

El Proceso

Todo inició cuando Miguel Ángel Moreno denunció por presunta violación y extralimitación de funciones al actual registrador delegado para el Tolima, César Bocanegra; quien en su momento fue asignado como supervisor del contrato para la compra del inmueble, denuncia que hizo que la Procuraduría en primera instancia lo sancionara, determinando la suspensión del ejercicio de su cargo durante cinco meses, e inhabilitado para cargos públicos durante el mismo periodo.

Esto debido a un contrato de promesa de compraventa del predio que fue firmado por las partes el 29 de diciembre de 2012; aunque Bocanegra fue notificado de ser el supervisor, el 14 de enero de 2013; sin embargo se pactó en el contrato que la firma de la escritura sería el 31 de diciembre de 2012, y como fue hasta el 21 de enero de 2013 que a Bocanegra le fue enviada la documentación para la supervisión del contrato, presentó la imposibilidad de la firma en la notaría.

Los plazos pactados del contrato se modificaron, siendo Ricardo Díaz quien dirigió el proceso contractual y firmo la promesa de compraventa; pero Bocanegra advirtió un posible sobre costo, a lo cual no le prestaron atención; por lo tanto decidió contratar de su pecunio a la Lonja Propiedad Raíz del Tolima para un nuevo avalúo comercial, lo que arrojó un valor del inmueble de mil 152 millones de pesos; es decir 507 millones menos de lo pactado, por lo que se negó a firmar el documento.

Debido a esto Bocanegra fue denunciado ya que el 19 de enero de 2013 ingresó al inmueble prometido, en compañía de su esposa y de Juan Ernesto Sánchez, quien habría sido el perito que adelantó el segundo avalúo; por lo tanto el quejoso aseguró que se extralimitó en sus funciones, permitiendo de manera indebida el acceso al inmueble a personas ajenas para hacer el avalúo, y no cumplió lo que le fue asignado sino intervino supuestamente sustituyendo a los funcionarios competentes y rehaciendo etapas ya concluidas.

El fallo en primera instancia fue apelado y enviado a la Sala Disciplinaria de la Procuraduría, la cual consideró que “la Sala antes de cuestionar la conducta del disciplinado, aplaude la eficiencia en la vigilancia de los dineros públicos”.

Por lo tanto ordenó revocar el fallo en primera instancia y absolverlo de toda responsabilidad, y por el contrario se pidió una investigación ante un presunto detrimento.

Posible detrimento

La Contraloría Delegada para la Gestión Pública, adelantó una auditoría en la Registraduría nacional para la vigencia fiscal 2012, entre lo que se consideró un hallazgo fiscal por la compra del edificio Metrópoli en Ibagué; debido a la diferencia del valor en los avalúos; es decir, el primero con el que se protocolizó el contrato por mil 660 millones de pesos, y el segundo contratado por Bocanegra por mil 152 millones de pesos.

Fue así que la Contraloría decretó en agosto de 2013 la apertura de la indagación preliminar, y se ordenó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi seccional Ibagué, realizar un nuevo avalúo al edificio Metrópoli, dando por respuesta un informe de avalúo comercial urbano que definió el inmueble en mil 132 millones de pesos, menos que los anteriores.

Por lo tanto se ordenó solicitar apoyo técnico a la dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría, para emitir un concepto sobre el precio de mercado del inmueble con base en los tres avalúos, mencionándose varias irregularidades en el primero hecho por Rafael Páez, “el cual careció de fundamento metodológico y determinó erróneamente el valor del metro cuadrado a tener en cuenta las áreas comunes, yendo en contra de lo regulado en varios artículos, lo que ocasionó una sobre estimación injustificada del inmueble”.

La Procuraduría consideró que hubo un sobreprecio en la compra del inmueble, constituyendo un presunto detrimento patrimonial al Estado por valor de 527 millones 687 mil 500 pesos.

Como si fuera poco, EL NUEVO DÍA, pudo conocer que Supernova Colombia S.A.S, adquirió el predio el 24 de diciembre de 2012 por 101 millones de pesos, y el 27 de diciembre del mismo mes se estaba gestionando en Instrumentos Públicos la escritura para el contrato de compraventa del 31 de diciembre de 2012, por un valor de mil 660 millones de pesos.

¿Persecución?

Fuentes cercanas a EL NUEVO DÍA, indicaron que al parecer César Bocanegra por haber decidido contratar el avalúo de manera personal y poner en conocimiento su discrepancia con el proceso de compra, fue enviado a sectores alejados del país.

En abril de 2013 Bocanegra habría sido trasladado a Yopal, Casanare, durante un mes; luego estuvo en el Chocó 10 meses; y después en Vaupés, durante el proceso electoral para el Senado y la Cámara de Representantes de marzo de 2014, pero al culminarlo, de nuevo fue trasladado al Tolima, lo que habría aumentando la tensión laboral al interior de la Registraduría.