La Superintendencia de Servicios Públicos ha impuesto este año sanciones al Ibal por 223 millones de pesos por silencios administrativos al no dar respuesta de fondo o por fuera del término de ley a las peticiones hechas por los usuarios de la empresa. Según el coordinador de la Superservicios, Bernardo Ordóñez Sánchez, se le ha dado trámite a dos mil 312 peticiones por quejas del Ibal y que registra un aumento en más de 200 PQR en comparación con 2015. 

"Es significativo el incremento de las quejas que se han suscitado por parte de los usuarios de los servicios públicos domicialiarios en cuanto al Ibal y a Enertolima. Ha crecido en comparación con 2015 y en lo que tiene que ver con el Ibal con tomas de lecturas no facturadas, predios desocupados con alto consumo de mora en la aplicación de los actos administrativos. Igualmente, en el Ibal también se han presentado reclamaciones por cambio de medidores y algo muy significativo es que se han aumentado los silencios administrativos donde transcurrido el 2016 hemos multado al Ibal en 223 millones de pesos por no haberle respondido a los usuarios de los servicios públicos sus derechos de petición" señaló Ordóñez. 

Según el funcionario, después de la empresa de Acueducto de Bogotá y  Condensa, el Ibal es la tercera en la región Centro de la cual se registran más PQR.  

"Este un llamado de atención a las empresas para que le respondan a los usuarios para no lleguen a esta instancia y quejándose tanto porque la empresa les está facturando en promedio, la empresa tiene un outsourcing y se escuda en esto pero la empresa debe tener una medición mensual del consumo real a cada usuario.

Y agregó "el llamado de atención es para que ese outsourcing cumpla con la labor para lo cual fue contratado y no esté entregando recibos de cobros por promedios". 

El gerente del Ibal, José Alberto Girón, aunque expresó su intención de liquidar el contrato con la empresa Proactiva soluciones, desafortunadamente tal y como se concibió no permite sanciones, multas y exigencias de indicadores al contratista. 

"Hemos hecho todo los posible jurídica,  técnica, y administrativamente para llegar a  un acuerdo y a unas exigencias pero no se ha podido porque dentro del clausulado no se dejó ninguna exigencia, no se dejó, no se lo puedo agregar porque debe ser de común acuerdo. Proactiva no ha querido y no tengo ningún otro procedimiento legal que continuar con el contrato con la mayor exigencia", expresó el directivo. 

Este contrato adjudicado por la Administración de Luis H. vence hasta el 31 de diciembre de 2017.