La Contraloría General de República (CGR) determinó un presunto detrimento por 600 millones de pesos en la ejecución del contrato 2074 de junio de 2015 suscrito entre el Municipio y la empresa Construyamos Colombia.

Este contrato que ascendió a los cinco mil 580 millones de pesos y obtuvo una adición de 173 millones para brindar complemento alimenticio a niños, niñas y adolescentes de la jornada mañana y tarde beneficiaría a 41 mil 84 menores estudiantes de las instituciones educativas públicas.

La CGR determinó que el operador incumplió con la cantidad en la entrega de lácteos establecida en la minuta de desayunos industrializados y, como los facturó, generó un presunto detrimento a los recursos del Estado por 479 millones 681 mil pesos.

El informe de auditoría da cuenta que el Ministerio de Educación aportó por ración 971 pesos por lo que el Municipio en aras de mejorar la minuta en cuanto a lácteos dispuso 415 pesos adicionales, es decir, mil 600 millones de pesos para reforzar la ración de calcio a los infantes.

Construyamos Colombia debía entregar a menores en edades entre 7 y 12 y 13 y 17 años lácteos como avena, yogurt y kumis con 300 centímetros cúbicos aportando solo 200 CC bajo el argumento que a nivel nacional no se encontraba productos con este contenido.

“El operador no entregó en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015 a los menores el valor de los 300 CC del producto lácteo establecido en la minuta para niños y niñas entre los 7 a 12 y de 13 a 17 años, sino que estos fueron entregados de 200 CC conforme a lo indicado por el supervisor del contrato en el acta 3 del 16 de septiembre de 2015 por no encontrarse a nivel nacional producción de estos alimentos con este contenido, sin que se hubiera reducido los costos respectivos; lo anterior teniendo en cuenta que el operador cobra productos entregados en menor cantidad de la pactada por deficiente mecanismos de control y seguimiento por parte de la Secretaría de Educación municipal”, precisa la CGR.

Construyamos Colombia argumentó que como se estableció en la minuta el componente para los grupos para niños de 4 a 12 años era de 200 CC, mientras que para el grupo 13 a 17 años era de 240 CC, entonces la auditoría estaba sumando en el presunto detrimento un grupo inexistente.

Pero la CGR precisó que como se evidenció en la tabla del análisis de Aporte Nutricional del Municipio, en ninguno de sus apartes quedó establecido que los productos lácteos se entregarían solo a estos dos grupos y en cantidad de 200 CC y 240 respectivamente, o que la diferencia se iba a compensar con entregar mayor cantidad de gramaje en la fruta, ni la reducción del valor del contrato por la disminución en los CC, pero que sí fueron ofertados y no entregados por el operador.

Por otra parte, la CGR estableció que la firma también incumplió con la entrega del queso que debía ser suministrado dos veces por semana en 20 gramos a los niños entre 4 y 12 años, y de 30 gramos para los menores entre los 13 y 17. La corporación solo entregó el alimento una vez y tenía plena conciencia del cobro por bienes que no entregó.

Sin embargo, resalta que esto se produjo por “debilidades en la etapa de planeación contractual en donde no se establecieron en las minutas y ciclos de menús las frecuencias establecidas y por debilidades de seguimiento y control en la fase de ejecución”. Lo anterior conllevó a un detrimento por 121 millones de pesos.

Almuerzos escolares

Por otra parte, el informe determinó un hallazgo disciplinario por la baja ejecución en la entrega de los almuerzos escolares.

El contrato 270 tuvo una adición por 174 millones de pesos para atender mil 306 estudiantes con derecho de almuerzo por Jornada Única Escolar. El Ministerio de Educación aportó mil 320 pesos y la Alcaldía dos mil 280 pesos para ser ejecutados en 37 días en ocho instituciones educativas.

La CGR explica que únicamente se ejecutaron ocho días y de los 48 mil 322 almuerzos a entregar solo se otorgaron tres mil 932 raciones con un costo de 14 millones equivalente al 8.13% de lo previsto en raciones y recursos respectivamente. Además de los ocho colegios priorizados solo se llegó a cuatro y a una más que no estaba priorizada en cantidad de 864 almuerzos.

Agrega que el contrato se suscribió el 17 de junio, el acta de inicio el 29 de julio y la ejecución inició el 30 de julio, cuando debió haber iniciado el primer día del calendario académico. Lo anterior, por demora en los trámites administrativos internos y la falta de planeación y deficiencias por parte de la Secretaría de Educación, lo que generó ineficacia, ineficiencia e incumplimiento al programa de alimentación escolar.

Baja calidad

Según el informe del área de Salud Pública del programa de alimentos de noviembre de 2015, se evidenció de forma constante pan con presencia de hongo, con fecha vencida, además de constante entrega de fruta deteriorada o en estado de sobre maduración.

Las manipuladoras no cumplían con la desinfección de las frutas y en ocasiones era el docente quien entregaba la ración. Hubo utilización de joyas e inadecuado uso del tapabocas por parte del personal.

En cuanto a la dotación de las cocinas y el menaje, el 85% de las instituciones educativas no cumplían con la infraestructura que garantizara el cumplimiento para la prestación del servicio de comida en caliente, los equipos no registraban mantenimiento, las estufas tenían escape de gas y en algunas no había neveras para la refrigeración de la ración industrializada.

Críticas al Gobierno actual 

La Contraloría General también llamó la atención y cuestionó por qué durante esta administración no se garantizó el PAE en primer semestre  al no suscribir contrato, pese a contar con un presupuesto inicial de tres mil 316 millones de pesos. Así mismo, el Municipio no contó con el diagnóstico que permitiera identificar las condiciones de la población escolar que debió recibir prioritariamente la atención alimentaria, las zonas o barrios de mayor pobreza y la ubicación de los establecimientos educativos por área urbana y rural; establecimientos educativos agropecuarios; y conocer los menores matriculados que no accedieron al Programa de Alimentación Escolar durante años anteriores. Además del hecho de que el Municipio no tiene identificada la población en edad escolar que se encuentra fuera del sistema educativo.