En el control excepcional efectuado al contrato 237 suscrito entre el Imdri y Typsa, la Contraloría General determinó un daño fiscal por cinco mil 810 millones 374 mil pesos.

La CGR había solicitado el 18 de julio del año pasado respuestas del exgerente del Imdri Carlos Heberto Ángel y el supervisor del contrato, Mauricio Campos del Cairo, quienes no ejercieron la controversia a los hallazgos fiscales y disciplinarios.

El órgano de control resaltó en el informe que el supervisor del contrato no reunía las condiciones necesarias para desempeñar su labor, ya que no contaba con el equipo de profesionales necesarios para revisar los diseños, que exigían conocimientos técnicos y de distintas ramas de la arquitectura y la ingeniería.

Sin embargo, el exalcalde Luis H. Rodríguez remitió un misiva en la que sostuvo que él no era ordenador del gasto y que la responsabilidad en la ejecución de las obras y el destino de los recursos era del Imdri, al ser una entidad descentralizada con autonomía administrativa y financiera.

“En consecuencia la Administración central de Ibagué, en cabeza de su representante legal, que para la época de los hechos recaía en mí persona, en primera instancia, no era la ordenadora del gasto de tales recursos o su gestor fiscal, porque aquellos correspondían a los deberes funcionales de la entidad descentralizada, quien como se desprende de los documentos que hacen parte de la auditoría, ejecutó el mentado proceso en sus etapas pre, contractual y postcontractual, en consecuencia es claro que no se obró en virtud de delegación, sino de los principios de descentralización”, reza el texto.

Sin embargo, la Contraloría le recordó que según el artículo 12 de la Ley 80 en ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual.

Y agregó que a pesar de que el contrato no lo suscribió el entonces alcalde, los recursos en su naturaleza fueron del Municipio, que también fue el responsable y ejecutor de los estudios previos que dieron origen al concurso de méritos para la Consultoría.

Más pistas

La Fiscalía 22 Seccional Especializada precisó en la audiencia de legalización de captura del exsecretario de Hacienda Oswaldo Mestre que para ejercer control de dicho contrato y pago de dádivas, este exfuncionario habría determinado el manejo y la aprobación de los pagos girados al contratista desde esta dependencia.

El exalcalde fue mencionado por Amaury Elías Blanquicet Pretelt, quien coadyuvó a canalizar a través de sus empresas (Adminautos y Asesores SPD) del contrato 237 a favor de Ángel, Orlando Arciniegas y otros, que Luis H. debía recibir el 20 por ciento de todo lo recaudado en el Imdri y el Ibal.

Además, Wílmer Manchola Cano sostuvo a la Fiscalía que al parecer Mestre debía dar la mitad de lo obtenido por este contrato ($450 millones).

Pero es de resaltar que la actual gerente, Diana Cepeda, renunció al derecho de controvertir los hallazgos de la Contraloría.

“El Imdri se permite informar que no cuenta con los elementos técnicos suficientes para controvertir las inconsistencias encontradas por el ente de control, por lo que desiste de ejercer su derecho de contradicción respecto de las observaciones realizadas al contrato de consultoría 237 de 2013”.

Pero qué halló la CGR

La Contraloría dio respuesta a los interrogantes formulados por el exgerente del Ibal Eduardo Bejarano y el la Red de Veedurías del Tolima (Revisar), que alertaron cómo se “infló” el costo del contrato por 11 mil 500 millones de pesos.

El órgano de control fiscal determinó que el factor multiplicador de 2.6 empleado debía ser de 2.44. Este factor permite que la entidad contratante en este el caso el Imdri le reconociera a Typsa una serie de elementos que debe asumir con el pago de seguridad social, prima, vacaciones, ARL y demás parafiscales.

El órgano de control fiscal precisó que se “incluyó un mayor valor por mil 517 millones de pesos al aplicar el factor multiplicador de 2.60, incurriendo en errores como el haberlo hecho a la totalidad del personal cuando solo debió ser para el profesional”.

Según la propuesta por Typsa, se contratarían 71 profesionales de tiempo completo durante cuatro meses, para un costo total de cinco mil 798 millones de pesos.

El exgerente del Ibal Eduardo Bejarano, quien solicitó a través de tutela la entrega de los 111 contratos de profesionales, técnicos, conductores, quienes estarían vinculados a la elaboración de los diseños, denunció que a los profesionales no solo se les pagó menos del valor especificado en la propuesta, sino que no todos tenían dentro de su objeto específico prestar labores para la formulación de los diseños de obra de los escenarios del Parque Deportivo y Unidad Deportiva de la calle 42.

Un caso específico es el de Jhon Alexánder Ramírez Henao, contratado por valor de cinco millones de pesos mensuales en el cargo de ingeniero Eléctrico. Según el contrato entre el Imdri y Typsa, se pagarían siete millones de pesos mensuales a esta persona pero con el 2.6 de factor multiplicador, equivaldría al pago de 18 millones que se traducirían a 72 millones durante los cuatro meses de ejecución del mismo.

“La ejecución del contrato de consultoría se pretende soportar con contratos de 111 órdenes de prestación de servicios suscritos con considerable anterioridad o posterioridad al contrato 237 de 2013, los cuales tenían objetos diferentes al de las 111”, expuso la Contraloría.

Por otra parte, la Contraloría determinó un mayor valor de tres mil 959 millones por personal y otros costos directos, porque se reconoció a Typsa nueve mil 872 millones, cuando la misma solo pudo soportar la ejecución de cinco mil 913 millones de pesos.

Como lo precisó la CGR, “el Contratista no cumplió los términos de la propuesta respecto a la forma de ejecución del contrato, por lo que los costos de ejecución disminuyeron sin que la Administración lo advirtiera y se pronunciara, ya que el objeto contractual no se realizó con personal vinculado con carácter exclusivo al proyecto, sino que se contrató con terceros para que adelantaran las actividades propias del objeto contractual”.

Otros costos directos

La CGR concluyó que hubo otro posible detrimento por valor de dos mil 620 millones de pesos, porque se pagó tres mil 450 millones de pesos por otros costos como pasajes aéreos (ida y vuelta), compra de licencias para ordenadores, viáticos, cuando lo que realmente se pagó a terceros fue del valor de 830 millones 306 mil pesos.

Por ejemplo, en pasajes aéreos para especialistas de obra se estipulaba un pago por 83 millones 620 mil pesos y solo la empresa logró soportar 40 millones 110 mil, estableciéndose una diferencia de 43 millones.

Asimismo, la entrega de los informes mensuales en los que Typsa se comprometía a hacer entrega de mil 300 con un costo de 365 millones y solo se ejecutó 76 millones, lo que dejó un saldo de 289 millones 615 mil pesos.

Además, según la CGR, la Administración llevó a cabo devolución de recursos al contratista por mayores valores retenidos en 376 millones, sin que procediera la devolución.

Y añade que fue evidente la falta de evaluación, seguimiento y control a cargo de la Administración municipal y del Imdri, sobre la ejecución del contrato en lo referente al manejo del anticipo, la forma de ejecución del contrato y la calidad del producto entregado por el contratista.

Qué dijo Revisar

La Red de Veedurías del Tolima (Revisar) resaltó que si los diseños hubieran sido licitados de manera independiente, el costo máximo habría sido de cinco mil millones de pesos y no 11 mil 499 millones.

Revisar argumentó que el 35 por ciento del valor del contrato, es decir cuatro mil 25 millones de pesos, correspondientes al pago de estudios de suelos (mil 965 millones de pesos), dibujantes (mil 86 millones de pesos) y topografía (950 millones de pesos), era “excesivamente costoso y descabellado”.

En el contrato de consultoría Typsa recibiría 334 millones para sufragar costos de papelería, fotocopias, registros fotográficos, CD’s, entre otros, para elaboración de informes finales, y solo soportó 76 millones de pesos.

Los pagos a los profesionales eran bastante onerosos, según Revisar. Como consta en el contrato, el Gerente del proyecto recibiría un pago mensual por cuatro meses de 66 millones 352 mil y un ingeniero auxiliar 16 millones 588 mil pesos. El Gobernador del Tolima, para ese mismo año, devengó como salario 15 millones de pesos.

Dato

Aunque la Red de Veedurías, Revisar, y el exgerente del Ibal Eduardo Bejarano fueron certeros en sus denuncias, la Contraloría General de la República reconoció el control excepcional al veedor Humberto González Saavedra.

Cifra

227 millones de pesos giró el Imdri a Typsa por los diseños de la bolera, que no fueron entregados.

Dato

Typsa relacionó en el plan de inversión del anticipo pagos por concepto de geotecnia, salarios y estampillas por dos mil 484 millones 580 mil pesos, cuando con base en la propuesta económica y los soportes presentados ascendieron a mil 70 millones, lo que generó un desfase de mil 414 millones de pesos.