La defensa interpuso un recurso de hábeas corpus alegando que en el proceso de detención, legalización de captura e imputación de cargos superó las 36 horas que dispone la ley.

En segunda instancia, la Corte señaló que Mestre Campos fue capturado en Cartagena el 25 de diciembre de 2016, y la legalización la adelantó un juez al día siguiente, dentro de los términos de ley.

Luego, la imputación de cargos, por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, se cumplió en Ibagué, donde se le dictó medida de aseguramiento a las 7:35 p.m. del 27 de diciembre.

La Corte evaluó el caso y determinó que “la suspensión de las audiencias promovida por el Fiscal de apoyo de Cartagena no comprometió de manera ilegal o perjudicial las garantías”.

“Ninguna razón asiste a los apelantes al pretender que la privación de la libertad se prolongó ilegalmente a partir del momento en que el juez de garantías en Cartagena canceló la orden de captura, bajo el supuesto de que desde ese momento Mestre no estaba a órdenes de autoridad judicial competente, autoridad ante la cual ya había sido presentado y que declaró legal el procedimiento a través del cual podía conservársele retenido mientras, en un plazo razonable, se resolvía sobre su detención”, señaló la Corte.