Ayer se profirió la sentencia condenatoria frente al delito de peculado por apropiación que le fuera endilgado a Carlos Heberto Ángel en la audiencia de imputación de cargos del 26 de noviembre de 2016.

En esta audiencia le fueron imputados tres cargos, peculado por apropiación, interés en la celebración de contratos y realizar contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales; allí, Ángel se allanó solo al delito de peculado por apropiación.

Esto por haber recibido presuntamente de manos de Orlando Arciniegas la suma de 300 millones de pesos, por permitir el amaño de la licitación que fuera adjudicada a le empresa española Typsa para realizar los estudios y diseños de las obras para los Juegos Nacionales.

Teniendo en cuenta que aceptó cargos por este delito, le fue otorgada una rebaja del 50 por ciento de la condena, de esta manera la pena quedó establecida en 12 años que deberá purgar en establecimiento carcelario y tendrá que pagar una multa de $815 millones 596 mil pesos que deberá consignar al Consejo Superior de la Judicatura, además quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos por un periodo similar al de la condena.

En la audiencia en la que dieron lectura a la sentencia condenatoria, el abogado defensor del exgerente del Imdri, manifestó que interpondría el recurso de apelación.

Para interponer este recurso de apelación cuenta con un término de cinco días hábiles, en caso de que radique el recurso, corresponderá a la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué decidir dicha apelación.

El abogado del Imdri, Rodolfo Salas, manifestó que en caso de no radicar el recurso, la sentencia quedaría en firme y facultaría a las víctimas para radicar el incidente de reparación integral en contra de Carlos Heberto Ángel.

Además, señaló que en los otros dos delitos que se le endilgaron a Carlos Heberto Ángel, su abogado y la Fiscalía suscribieron un preacuerdo por una pena de cinco años.

“El abogado defensor y la Fiscalía suscribieron un preacuerdo por una pena de cinco años, no obstante, las víctimas nos opusimos a dicho preacuerdo teniendo en cuenta que no se cumple con el requisito 349 del código de procedimiento penal, referente a la devolución del 50 por ciento de la dádiva recibida por el contrato de los diseños de los Juegos Nacionales”, indicó el jurista.

Esto quiere decir que para que haya preacuerdo, la ley ordena que el endilgado debe desembolsar por lo menos el 50 por ciento de lo que recibió, es decir 150 millones de pesos, según Salas, hasta el momento la devolución de este dinero no se ha efectuado.