El comité evaluador de la convocatoria 052 recomendó adjudicar por segunda vez a la empresa Seguridad Superior, con domicilio en Bogotá, el contrato de vigilancia del Ibal y que este año es de $868 millones.

Al proceso allegaron propuesta otras tres empresas: Seguridad El Trébol, M&O Seguridad y Aguialarmas.

El comité, del que hacen parte el jefe financiero, José Carrasco Bachiller, jefe de contabilidad; Luz Marina Yara Acosta, jefe de Ambiente Físico; Willinton Jaramillo Herrera, el profesional especializado Hernán Rojas Zuluaga y la abogada Sandra Magally Leal Siachoque, recomendó elegir a Seguridad Superior, en segundo orden a El Trébol y por último a M&O Seguridad.

El representante legal suplente de esta última, Carlos Bedoya Díaz, y de Aguialarmas, también presidente de la junta directiva de la Cámra de Comercio, José Silvio Acosta, en observaciones al acta de evaluación, afirman que Seguridad Superior estaría ofertando el servicio por debajo de la tarifa legal reglada por la Supervigilancia.

Así mismo, indican que la propuesta tiene errores aritméticos, causal de rechazo.

“Considerando todos los errores aritméticos presentados en la oferta y relacionados anteriormente, así como los valores regulados para el servicio de vigilancia, la propuesta de la empresa Seguridad Superior está por debajo de la tarifa mínima legal”, refiere Bedoya al respecto.

Por otra parte, Acosta precisa que “los servicios de monitoreo de alarmas y de cámaras de video no fueron calculados ni cobrados con los valores correspondientes al IVA, y que adicionalmente la empresa Seguridad Superior Ltda, efectuó cobro de estos servicios con precios artificialmente bajos, violando los principios de competencia”.

Y agrega que “dando cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones numerales 6.1.1 y 10, solicitamos que sea eliminada la propuesta presentada por Seguridad Superior Ltda., al cobrar precios artificialmente bajos, no hacer cálculo del IVA para los servicios de medios tecnológicos y cámaras de video, y ejecutar cobro del servicio de 24 horas por debajo del valor regulado por la normatividad vigente”.

No osbtante, Silvio Acosta solicitó declarar desierto el proceso, debido a que ninguna de las empresas cumpliría con el diligenciacimiento del formato de características técnicas.