La jefe Jurídica del Municipio, Gladys Gutiérrez Upegui, en oficio dirigido el pasado 29 de marzo al secretario de Gobierno, Marco Emilio Hincapié, solicitó el cambio del inspector Pedro José Osma Rodríguez dentro del proceso judicial que ordena la restitución de un predio denominado Villa Candelaria, vía a Picaleña.

Según la jefe de la Oficina, todo indica que Osma Rodríguez ha ejercido maniobras dilatorias para no llevar a cabo el proceso de restitución del predio.

“Este es un tema entre particulares, pero tiene la connotación de que por tratarse de unos procesos legales, las diligencias, los despachos comisorios como son la intervención de los bienes por desalojo corresponden al inspector de Policía. En este caso se ha ordenado al inspector hacer una diligencia de desalojo en febrero de 2016 y a la fecha no se ha efectuado”, dijo Gutiérrez.

Y agregó: “En ese sentido el señor Álvaro Armando Melgarejo Romero solicitó, como medida cautelar, el desalojo del predio en litigio y a través de memorial solicitó al Alcalde, como primera autoridad de Policía, que intervenga, porque se está dilatando una diligencia y se violan así el debido proceso y la legalidad.

La funcionaria recalcó que en el fallo del pasado 24 de febrero el Juzgado Séptimo Penal con función de control de garantías compulsó copias a la Procuraduría Provincial y a la Oficina de Control Interno de la Alcaldía para que se iniciara la investigación disciplinaria contra el inspector de Policía Pedro José Osma Rodríguez, “toda vez que ha determinado que son dilaciones lo que ha hecho frente a este diligencia”.

“Encuentra este despacho inconcebible e inaceptable que al día de hoy, el inspector Permanente Central Turno Dos adscrito a la Dirección de Justicia y Orden Público de Ibagué no haya cumplido con las órdenes impartidas por el señor Juez Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento en segunda instancia, sino, además, por este operador judicial”, señala la sentencia.

Según la funcionaria, “han sido solo disculpas y pretextos por este servidor público, desconociendo una decisión judicial, a la que tiene la obligación de dar cumplimiento”.

¿Conflicto de competencias?

Gutiérrez indicó que aunque los inspectores de Policía dependen de la Secretaría de Gobierno, por ello se ofició al vocero de esta cartera para que tome cartas en el asunto y, si es necesario, reparta la diligencia.

“Estoy interviniendo con toda la competencia, la legalidad y las facultades que me otorga mi cargo como Jefe de la Oficina Jurídica y como lo precisan las instrucciones que me ha otorgado el señor Alcalde para revisar esta situación (...) los fallos judiciales, las decisiones y órdenes de los jueces son para cumplirse de inmediato y si es necesario repartir la diligencia, cambiar de inspector de Policía para que se haga la diligencia, hay que hacerlo, porque hay que amparar a los ciudadanos con las decisiones judiciales”, puntualizó.

Los involucrados

En el oficio radicado por Melgarejo al alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo se advierte del daño antijurídico que estaría ocasionando Osma sin cumplir con sus funciones a la firma Línea Viva Ingenieros S.A.S., y demás interesados a los que representa.

EL NUEVO DÍA consultó en el Rues y el representante legal de la firma es Henry Blackburn Moreno, hijo de Héctor Blackburn Ortiz, un empresario de Bucaramanga.

Pero el diario Portafolio, en su publicación digital de junio 5 de 2008 titulada ‘Eligieron los nuevos miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá’, destacó entre estos al cofundador de movimiento Nuevo Liberalismo y al expresidente del Congreso José Black-burn Cortés, con Línea Viva Ingenieros S.A., empresa que reclama la restitución del inmueble.

Por otra parte, Jaime Salcedo Ortega, representante legal de la cooperativa de trabajo Coasintol sería el invasor del predio. En 2011 registró como responsable fiscal ante la Contraloría municipal.