A Luis H. solo le figuran tres propiedades en Ibagué

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
La Contraloría General deberá realizar enormes esfuerzos para rastrear los bienes y dineros que pudieron haber sido transferidos a cuentas en el exterior o a terceros de los vinculados a los procesos de responsabilidad fiscal por el descalabro de los XX Juegos Nacionales.

Los bienes con los que la Contraloría General espera recuperar los 67 mil millones de pesos producto del desfalco de los XX Juegos Nacionales a través de los procesos de responsabilidad fiscal que se abrieron podrían dejar a la Nación y a Ibagué con una ínfima parte de lo apropiado ilegalmente.

EL NUEVO DÍA indagó por las propiedades del exalcalde Luis Hernando Rodríguez quien hace unos días dejó su apartamento en sector de El vergel con rumbo desconocido.

Según registro de la Oficina de Instrumentos Públicos, al exalcalde le registran tres predios: el primero producto de un englobe de dos terrenos (El Tesoro y Guadualito) con un área de siete mil 436 metros cuadrados. Los otros dos por cuatro mil metros cuadrados y una fracción en la vereda Santa Teresa.

Pero llama la atención que, según informes de prensa, Rodríguez habría puesto en venta el apartamento ubicado en el exclusivo conjunto residencial Balcones de El Vergel en el que vivió desde 2012 para hacer frente a los procesos de responsabilidad fiscal. Lo que no está claro es a nombre de quién está o estaba registraba la propiedad.

Entre tanto, Luz Amparo Noreña, esposa de Rodríguez registra un inmueble con matrícula (350-32013) denominado Los Sabanales e inscrito en Ibagué. Sin embargo, se desconoce a qué clase de propiedad podría obedecer.

El exmandatario ha sido vinculado a siete de los 11 procesos de responsabilidad fiscal abiertos por la Contraloría General.

El exalcalde ha decidido vincularse a una empresa familiar que se dedica a la venta de huevos criollos. La última vez que se le vio fue tomando salpicón a las afueras del Parque Deportivo y movilizándose en su auto Subaru, modelo 1998 y cuya propietaria es su esposa Luz Amparo Noreña.

El precio de este automóvil oscila entre los seis y los nueve millones 500 mil pesos.

En ceros

Otros de los involucrados en el proceso de responsabilidad fiscal son el exdirector del Imdri, Carlos Heberto Ángel y la exdirectora Administrativa financiera del Instituto, María Fernanda Rozo.

Según los reportes de la oficina de Instrumentos Públicos a ninguno de los dos le registra propiedades. Sin embargo, Ángel ya ha reconocido que recibió 300 millones de pesos, producto del direccionamiento del contrato 237 adjudicado a Typsa.

El exdirectivo se acogió al delito de peculado imputado por la Fiscalía para no reintegrar los dineros conseguidos de manera ilegal.

De igual manera, otro de los vinculados a los procesos de responsabilidad fiscal es el excontratista, Mauricio Campos del Cairo, supervisor del contrato 237 al cual la Procuraduría Delegada para la contratación estatal en Bogotá, le precluyó la investigación por estos mismos hechos.

A Campos del Cairo le registra un apartamento en la Urbanización Rincón de Piedrapintada (2-904) y cuyo valor podría estar por encima de los 200 millones de pesos.

Una luz al final del túnel

A los procesos de responsabilidad fiscal están vinculadas las sucursales de España, Construcciones Vera y Ortiz Construcciones. Sin embargo, se desconoce los activos de ambas empresas en el país.

No obstante, el proceso seguido con la consultora española Typsa no ha dado los resultados esperados para las víctimas por el Municipio y el Imdri ya que la Fiscalía se opuso al proceso de la suspensión de la personería jurídica porque aún se indaga si en los actos de corrupción participaron los directivos españoles de dicha empresa.

La jefe jurídica del Municipio, Gladys Gutiérrez, denunció en las oficinas de la Fiscalía en Bogotá a Typsa para que se vinculara los directivos de la empresa de España y se dictaran medidas cautelares.

Sin embargo, el fiscal General, Néstor Humberto Martínez hasta esta semana suscribió con su homólogo en España un memorando de cooperación judicial para afianzar en las investigaciones que hasta el momento solo hacían referencia a procesos asociados al narcotráfico.

Pero no se sabe con certeza si en el marco de este acuerdo, las autoridades colombianas puedan perseguir y acceder a las propiedades de estas empresas en el exterior.

Credito
EL NUEVO DÍA

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