El ente de control informó que la Secretaría de Tránsito es la entidad con más quejas, es por eso que recibió la apertura de 10 procesos, en su orden aparecen las inspecciones de Policía, a las cuales se les investigó en ocho ocasiones.

La Secretaría de Hacienda y Cobro Coactivo recibió siete procesos; el Ibal y Educación tuvieron que asumir seis procedimientos investigativos; a las carteras de Bienestar Social y la Gestora Urbana se les abrió cuatro procesos.

Cultura, Gobierno, Infibagué y la Administración Central solo obtuvieron a lo largo del año tres vinculaciones; la Oficina Jurídica, Planeación y Espacio Público fueron asociadas a dos investigaciones.

Las carteras que salen bien libradas, según el reporte, son el Imdri y la Dirección de Rentas con tan solo una notificación. Muchos de los argumentos son producto de irregularidades en la prestación de servicios.

Servicios públicos

Por otro lado, la Personería delegada para Servicios Públicos, Medio Ambiente y Control Urbano, informó que se investigó a las empresas de servicios públicos de la ciudad y muchas de estas fallaron a beneficio de la comunidad.

Los soportes de las investigaciones en contra de la Compañía Energética del Tolima, Enertolima fueron por cobros injustificados, cambio de medidores y la reubicación de postes de luz de forma irregular.

En la empresa de Acueducto y Alcantarillado Ibal, hubo inconsistencias en la facturación, errores en la toma de lecturas, colapso del sistema de alcantarillado y un plan maestro de acueducto y alcantarillado desactualizado.

Interaseo presentó irregularidades, según la Personería, en la recolección de basuras. Alcanos por otra parte, fue investigada por quejas a causa de fugas, solicitudes de instalaciones negadas y modificaciones en la facturación.

En el año 2017 la Personería atendió 288 investigaciones, de las cuales 63 se encuentran en indagación preliminar, 59 son investigaciones disciplinarias y se emitieron nueve fallos.

Dato

La correspondencia recibida para trámites ante la delegada vigilancia administrativa y gestión pública de enero a noviembre llegó a 1.791 casos.