El director de Justicia y Orden Público, Daniel Soto, señaló que los trámites se llevan a cabo a petición de la comunidad, pues en algunos casos los comerciantes no respetan los decibeles permitidos por la ley, afectado la salud y la tranquilidad de los habitantes.

Los cierres se efectuaron con base en la Ley 232, anterior al Código de Policía, por medio de la cual se establecen los requisitos que deben cumplir los negocios dedicados al expendio de bebidas embriagantes.

De igual manera, el funcionario indicó que en diciembre se realizaron 18 cierres preventivos a establecimientos que no contaban con la certificación del uso del suelo para ejercer la actividad comercial.

“Hicimos aplicación al Plan Navidad, que se ejecutó en conjunto con la Policía Metropolitana y logramos hacer 18 suspensiones temporales de la actividad a sitios que expendían licor y que se dedicaban a otras actividades de alto impacto como los servicios sexuales”, dijo Soto.

Estos cierres preventivos se ejecutaron en barrios como San Pedro Alejandrino, Las Ferias, El Arado, Centro, La Gaviota, entre otros.