Esta fue expedida el 21 de diciembre de 2017.
Rosas alegó que la misma era ilegal, hasta tanto no se lleve a cabo la actualización total de la zona urbana y revise con su respectiva solución las múltiples reclamaciones que se generaron de la actualización catastral aplicada este año y que conllevaría a la revocatoria directa de la resolución.
“Negaron mis posibilidades, porque se atribuyen el poder de ser omnipotentes, pero nos quedan otros mecanismos para poder seguir peleando y que no se establezca esta resolución y esta actualización catastral especialmente en 2017 y eso contribuye indiscutiblemente a que se caiga las pretensiones del señor Gobernador”, alegó Rosas.
Estos mecanismos serían a través de una acción popular y la liquidación del convenio por parte del Ejecutivo, que alegó que los resultados de la misma fueron entregadas de manera tardía. No obstante, la ejecución del convenio continúa.
El Presidente de la Corporación, alegó que el argumento expuesto por el Igac “es débil, flácido y raquítico”.
Para Rosas, lo que preocupa es lo que va a pasar el año entrante cuando se culmine el proceso.
“Esperamos que la Administración nos reciba para plantear la intervención del estatuto tributario”, concluyó Rosas.
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