La investigación para Corral Albarello, gerente del Ibal en el periodo del 2012 al 2015, se dio luego de la suscripción del contrato de prestación de servicios número 009 del 23 de enero del 2013, con la unión temporal de servicios comerciales, con la que se contrataba el personal para el desarrollo de actividades misionales y con el que se había omitido el cumplimiento de la ley.

Según la entidad del Ministerio Público, se habría quebrantado lo consagrado en el artículo 63 de la ley 1429 del 2010, el cual establece que, “el personal requerido en toda empresa pública y/o privada para el desarrollo de las actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral”.

La formulación de estos cargos se habría dado a razón de una queja de Hélmer Mendoza, fiscal del sindicato de trabajadores oficiales del Ibal; en la queja se manifestaba que el Ibal había sido sancionado por el Ministerio del Trabajo por haber tercerizado labores y funciones permanentes dentro de la empresa; sin embargo, el mismo Ministerio formuló pliego de cargos en contra del Ibal por los mismo hechos en la vigencia 2012 y 2013.