El ahora presidente del Concejo, Marco Tulio Quiroga, aseguró que ya está hecha la solicitud para que se haga la liquidación bilateral del contrato 092 suscrito entre el cabildo ibaguereño a través del concejal, Juan Pablo Salazar y la Corporación Centro de Consultoría Investigación y Edición Socio Económica, con el que se pretendía dejar lista las ternas para la elección del Contralor.

Según Quiroga, luego de que el 12 de noviembre se diera a conocer el concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado con relación a las convocatorias públicas para la elección de dicho cargo, que establece que el proceso debe ser adelantado por un centro educativo de renombre, hecho que para algunos cabildantes no se cumple a cabalidad, “he solicitado a la Consultoría de Investigación y Edición Socio Económica, la terminación bilateral del acuerdo del contrato de elección del Contralor.

“He hablado con ellos y han aceptado la terminación de este contrato, estamos haciendo lo pertinente para buscar la universidad idónea con alta calificación para realizar el concurso”.

Frente al actuar de Salazar, el concejal Quiroga consideró que el abogado estaba procediendo de acuerdo con los términos que existen para el concurso, sin embargo, resaltó que es necesario contratar una universidad acreditada de alta calidad.

“Desde ya estoy mirando todo lo que está solicitando la Contraloría General de la Nación, estoy mirando términos, procesos y el tiempo que tenemos para realizar el concurso blindándonos jurídicamente para que los próximos concejales que se van a posesionar no tengan ningún problema”, agregó el presidente.

¿Reversazo?

Con lo expuesto por los concejales, que recién se reintegran a sus labores, la postura de Salazar, que en días pasados indicaba no existía la posibilidad de que se ‘frenara’ tal convocatoria, esta vez fue más mesurada e indicó que: “el proceso está en la etapa de publicación de aviso de la convocatoria, lo cual es susceptible de retirarse, sino se cumple con algún lineamiento impartido por el concepto de la Sala de Servicio Civil del Consejo de Estado”.

El concejal por el partido Conservador, una vez más se defendió y dejó en claro que durante su ejercicio como presidente del corporado solicitó al Departamento Administrativo de la Función Pública, el concepto sobre la legislación vigente para los concursos, así como las entidades o universidades autorizadas, que en su momento daban garantías para elegir a la empresa de Villavicencio.

“La Función Pública manifiesta de manera clara que para la realización de concursos es procedente que el Concejo suscriba convenios con universidades e instituciones de educación superior pública, privadas o con entidades especializadas en procesos de selección de personal (...) quiero manifestar que antes de suscribir el contrato me argumenté con las entidades precisas”, acotó Salazar.

No obstante, el mismo cabildante resaltó que fue quien propuso al ahora presidente, Marco Tulio Quiroga, que se liquide el contrato avaluado en $25 millones, para evitar que existan perjuicios en un futuro, además aseguró que a la fecha no se ha desembolsado dinero a la entidad.

“Manifesté que era pertinente realizar la liquidación bilateral, ya que si bien había un concepto de la función pública, el concepto del Consejo de Estado era vinculante y nos obligaba de manera directa e inmediata a realizar la correspondiente liquidación con el objeto de que no se vea a futuro en problemas este proceso y decantar cualquier situación”, agregó Salazar.

¿Qué dice el Consejo de Estado?

Este 12 de noviembre, la Sala de Consulta y Servicio Civil, del Consejo de Estado, emitió un concepto jurídico luego de la petición hecha el 23 de octubre por el contralor General, Carlos Felipe Córdoba, donde dio claridad sobre las facultades y reglamentación para el proceso de elección.

El concepto señala que los procesos de convocatoria que se iniciaron antes de la promulgación del acto legislativo 4 de 2019, pueden seguir adelante siempre y cuando se ajusten a los cambios introducidos.

Este habla del cambio de periodo de ejercicio del próximo contralor que se reduce a dos años, así como en el número de elegibles a ocupar el cargo, que ya no será de diez, sino de tres candidatos.

Asimismo, la Sala de Consulta y Servicio Civil recomienda una suspensión transitoria, esto con el fin de que se hagan los ajustes señalados y se dé la oportunidad a los aspirantes de manifestar su deseo de continuar en el proceso con las nuevas condiciones, sin que esto implique algún tipo de sanción.

Dato

La Corporación Centro de Consultoría Investigación y Edición Socio Económica, fue la entidad elegida para la selección de los aspirantes a Personero y Contralor de Ibagué. El proceso para la elección del representante del Ministerio Público aún continúa en firme.