JOHN RAMÍREZ LÓPEZ

La comunidad indígena San Antonio de Calarma, se resiste a abandonar los predios que desde varios años ocupan en una vereda de este municipio, toda vez que estos terrenos fueron invadidos y serían entregados a sus propietarios.

El desalojo, que se tendría previsto el 5 de septiembre, ha ido hasta los estrados de la Fiscalía General de la Nación de Chaparral, organismo ante el cual líderes del resguardo buscan evitar su expulsión de las veredas Las Delicias y Holanda, propiedad de la sociedad Hoyos Vallejo.

El proceso que busca darle resolución a este tema, se ejecuta desde 2012, año en que representantes del cabildo San Antonio de Calarma iniciaron la disputa legal de los terrenos mencionados.

Ante el reciente anuncio del secretario de Gobierno del Tolima, Rodrigo Páez, en el que se comunicó que en los próximos días las cerca de 26 familias que residen en estas fincas, serán desalojadas, líderes de esta comunidad volvieron a pronunciarse para evitar que esto suceda.

Reclaman derechos

Tras el comunicado, representantes del cabildo retomaron acciones legales para evitar su destierro, razón por la cual emitieron una denuncia en contra de varios servidores públicos de San Antonio, que, según ellos, estarían interesados en su desalojo.

Es así como a través de un documento radicado ante la Fiscalía General de la Nación, exponen una serie de hechos que, según ellos, confirman su denuncia y comprueba el derecho a permanecer en estos territorios.

“A través de esta demanda buscamos que nos adjudiquen los predios, pues cuando llegamos eran unos terrenos abandonados y nosotros los volvimos productivos”, indicó Nelson Céspedes, miembro del cabildo y vocero del mismo.

Entre tanto, explicó que la demanda está orientada a que se realicen investigaciones por posibles delitos para favorecer intereses económicos y políticos, en los que estarían comprometidas la Alcaldía y Secretaría de Gobierno de San Antonio.

El Nuevo Día trató de comunicarse con el alcalde de ese municipio, Luis Fernando Rincón, para aclarar estas acusaciones, sin embargo, no fue posible.

Acato a la ley

Por otra parte, según afirmó el líder indígena, de autorizarse el desalojo, él no tendría problemas en cumplir con la ley, no obstante, advirtió que la comunidad no estaría dispuesta a abandonar sus casas.

“La ley debe acatarse, pero en el momento en que lleguen a sacar arbitrariamente estas personas, ellas van a resistir”, concluyó.

Reunión

Por otra parte, ayer, en reunión convocada por la Secretaría de Gobierno de San Antonio, se citó a Dumar Olaya, miembro y líder del resguardo a fin de formalizar acciones concretas que permitan definir este asunto.

Tras el encuentro en el que se discutió el proceso de restitución privada que se adelanta con varios organismos de control de San Antonio, entre estos la Policía y el Ejército, los indígenas ratificaron que no hay garantías de orden público ni sobre los derechos fundamentales de la comunidad, razón por la cual expondrán el caso ante la juez que ordenó el desalojo para que analice el tema. “Son aproximadamente 26 familias las que habitan allí que no tienen otro lugar a donde ir, de manera que el Gobierno nacional debe intervenir para garantizarle los derechos a estas personas”, dijo Olaya finalizada la reunión.