Según las pruebas evaluadas hasta el momento por el Ministerio Público, el mandatario local habría autorizado verbalmente a un particular para prestar servicios a la Alcaldía, cumpliendo labores de administración de la planta de beneficio (matadero municipal) del 1 de mayo al 7 de noviembre del 2012, sin que mediara vínculo legal o contractual alguno.

La persona ‘encargada’ de las labores de administración de la planta tuvo el manejo de los recursos allí recaudados por tasas e impuestos, por lo que se cuestiona la posible omisión del Alcalde respecto del cuidado y la custodia de los bienes y valores de la entidad territorial.

De otra parte, se investiga la presunta responsabilidad disciplinaria de la tesorera, porque al parecer omitió ejercer la supervisión y el control de los ingresos por el cobro de rentas e impuestos en la planta de beneficio.

Los documentos allegados al organismo de control evidenciarían que no coinciden los montos correspondientes a las guías emitidas o expedidas con los valores registrados en el libro de contabilidad y los boletines de ingresos del 1 de mayo al 7 de noviembre de 2012.