UT no se acogería por ahora a Ley de Quiebra

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
Mucho se ha hablado sobre las alternativas que han considerado las directivas de la Universidad del Tolima para solventar la crisis financiera por la que atraviesa la institución, una de ellas es la de acogerse a la Ley de Quiebra o 550.

La semana anterior se llegó a hablar de que la implementación de la ley se sometió a una votación con los miembros del Consejo Superior, con el beneplácito del rector Herman Muñoz Ñungo.

Sin embargo, Olga Lucía Alfonso, secretaria de Planeación del Departamento y representante de la Gobernación ante ese Consejo, aseguró que no es cierto que se haya votado la aplicación de la ley, pero sí confimó que el Rector lo ha planteado y sostenido como una opción.

Alfonso dijo que la Ley de Quiebra es una de las varias alternativas que está considerando los integrantes del Consejo, precisamente la Administración departamental ha mostrado inclinación por esta opción para que la alma máter salga de la crisis.

“Creo que es la mejor alternativa, pero eso es una decisión que depende de todos lo estamentos de la Universidad. La Ley busca retornar la estabilidad financiera de las entidades públicas y lo que hace es establecer un escenario financiero claro para que la entidad pueda pagar sus obligaciones”, dijo.

Y agregó que lo que sí aprobó el Consejo Superior es un estudio pagado por la Gobernación para reestructurar administrativa, financiera y académicamente la Universidad, de tal manera que se ajuste la planta de trabajadores y docentes a las posiblidades económicas que tiene la misma.

Justamente uno de los temores que han surgido en buena parte de la comunidad académica tiene que ver con la reducción de la planta administrativa y docente, lo que según líderes universitarios pondría en riesgo la calidad educativa del claustro.

Sobre esto, Alfonso sostiene que la intención de la Gobernación por lo pronto es que la institución resuelva el tema financiero.

“La Universidad del Tolima tiene déficit acumulado de más de 30 mil millones de pesos (...). Para poder cumplir con sus acrededores las universidades se acogen a esta ley, que da unos beneficios y establece unos requisitos, porque con un déficit fiscal así no hay educacion ni de buena o mala calidad”.

Según Alfonso, el Rector ya le dio el visto bueno a los términos de referencia para abrir el proceso contractual de la consultoría.

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EL NUEVO DÍA

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