El balance entregado por el Gobierno nacional sobre las obras de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, generó un total desacuerdo por parte del Secretariado de las Farc.

Porque mientras la Gerencia de las zonas, atribuye los retrasos a los requerimientos ‘de última hora’ del grupo guerrillero, el comandante Carlos Antonio Lozada, expresó que solo se trata de “justificar los incumplimientos del Gobierno (nacional)”.

Caso La Fila, Icononzo

El gerente de las zonas veredales, Carlos Córdoba, expuso recientemente que las adecuaciones de las zonas se ha dificultado, porque las Farc estarían exigiendo construcciones diferentes a las inicialmente acordadas.

“Cuando comenzamos a hacer la implantación, manifestaron los miembros de las Farc que no estaban de acuerdo con algunos elementos, duramos discutiendo.

“(Después), se permitió comenzar hacer unas terrazas. Las estábamos haciendo cuando nos pararon la obra y se dio la orden que salieran los contratistas, porque ellos querían una vía nueva de acceso al campamento por otro sitio”, contó Córdoba.

Al parecer, la solicitud era la creación de una vía terciaria de un trayecto aproximado de un kilómetro y medio.

Finalmente, tras una reunión con el comandante Lozada, se pudo llegar a unos acuerdos y reactivar la obra después de 23 días de estar frenadas.

Este dato hizo parte de un balance nacional, en donde el punto en común eran los cambios y solicitudes constantes, hecho que generó una respuesta del comandante Lozada.

“Una vez firmamos el acta el 17 de enero en la totalidad de nuestros campamentos, nuestros comandantes han estado ciñéndose a esa acta”, expresó el integrante del Secretariado de las Farc.

Del mismo modo, expusieron que existe incumplimiento en infraestructura, abastecimiento y dotación.

En La Fila, faltaría el ciento por ciento de las zonas comunes, un 92% de la dotación prometida y en alimentación el 70%.

Balance para El Oso, Planadas

El tema de zonas comunes tendría un incumplimiento del 93%, la dotación de ciento por ciento y alimentación un 65%, a lo que se le agrega la falta de atención médica, según el veedor de salud, Ancízar Rodríguez. Al parecer, aunque los guerrilleros ingresaron a la red de la Nueva EPS, acceder a un servicio de urgencia, no sería un procedimiento sencillo. “Encontramos que ellos estaban reclamando, por qué no se le habían remitido cuatro pacientes de la zona y por qué no garantizaban un servicio inmediato”, contó Rodríguez.

La atención la necesitaba una mujer con un embarazo riesgoso, otro era un enfermo de sinusitis crónica y un tercero, al parecer, era un paciente con un tumor estomacal, ellos llevaban cuatro días esperando la remisión.

La crítica recae en el hecho que es el Ministerio de Salud, el que debería entregar las garantías a esta comunidad, pues ingresaron al sistema de salud, tras el acuerdo de paz.

“Desde arriba, el alto gobierno no cumple, entonces cuál seguimiento está haciendo la Superintendencia o la Procuraduría de los derechos humanos”, contó el veedor.