Según el Ministerio Público, el material probatorio recopilado evidenció falta de control y seguimiento en la publicación de 26 contratos, sus adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones y actas de liquidación, durante la vigencia 2012 en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, Secop.

La Procuraduría consideró que con este comportamiento omisivo el ordenador del gasto vulneró el estatuto contractual y transgredió los principios que rigen la función pública, especialmente la transparencia, la responsabilidad y la publicación.

En esta etapa del proceso, el ente de control calificó la falta de Montero Ortiz como grave, cometida con culpa grave.

Contra esta decisión en primera instancia se interpuso el recurso de apelación, el cual será resuelto por la Procuraduría Regional del Tolima.