De acuerdo con información publicada por el diario El Espectador, el Ejército debe adelantar un acto público de responsabilidad en la plaza de mercado de La 14 de Ibagué, donde la víctima trabajaba como vendedor de frutas y verduras. También debe informar a través de medios de comunicación que su muerte no se dio en un combate.

Por su participación en el falso operativo antiextorsión, en el que también fue asesinado Álvaro Enrique Rodríguez Buitrago, fueron condenados los militares William Eduardo López Pico y Carlos Arturo Malte Pérez, pero el Tribunal Superior de Ibagué les retiró las órdenes de captura para que pudieran acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Además, según refiere el medio capitalino, en el expediente del caso también aparecen involucrados los uniformados Duberney Lugo, Benicio Vargas Castellanos y José Never González, así como el exparamilitar Eduard Puerta García, quien fue reclutador de ‘falsos positivos’ para el Gaula Tolima durante varios años.

“Las pesquisas evidenciaron que el reclutador Puerta García engañó a las víctimas con la expectativa de un beneficio económico para trasladarlos al lugar de los hechos, en donde se encontraron con las tropas y se simuló un combate”, explicó el medio, que además recuerda que el detective del DAS William Calderón también fue condenado y se sometió a la JEP.

Oficial enredado

Aunque han pasado más de 13 años desde que asesinaron a los dos hombres, no se ha producido una decisión en contra del militar de mayor rango involucrado en el caso: el coronel Martínez, quien en 2017 cumplía una comisión en Austria, pero tuvo que regresar al país por una orden de captura relacionada con otro ‘falso positivo’ en Tolima.

El 18 de diciembre de 2006, menos de un mes antes de que acabaran con la vida de Quiroga y Rodríguez en La Tigrera, el oficial participó en las ejecuciones de Cristian Rojas y Helidoro Parra en la vereda Palamarosa de Ambalema. Por este caso, recuerda El Espectador, fueron condenados dos sargentos y los otros militares ya mencionados.

En cuanto a las ejecuciones de La Tigrera, el pasado 27 de febrero la Fiscalía 39 de Derechos Humanos se aprestaba a hacer lectura del escrito de acusación contra Martínez por los delitos de homicidio en persona protegida y falsedad ideológica en documento público, pero el proceso penal quedó suspendido porque se sometió a la JEP.

“El escrito de acusación en contra del coronel José Luis Martínez, en poder de El Espectador, reprocha al oficial la firma de la misión táctica ‘Lexical’, que legalizó el falso positivo del 12 de enero en La Tigrera, así como del oficio 0070, apenas tres días después, con una solicitud de felicitación para los miembros destacados de ese ‘operativo’ y de los comprobantes de pago de gastos reservados”, menciona el diario.

De acuerdo con la nota periodística, la solicitud de sometimiento del coronel a la JEP reposa en el despacho de Heidi Baldosea, magistrada de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de ese alto tribunal.

Entre tanto, las víctimas no tienen certeza de qué ocurrirá con los expedientes de los falsos positivos del Tolima ya que estos no están priorizados en el macrocaso 003 que abrió la justicia especial sobre las “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.

Más procesos en Tolima

Según señala el diario, los casos de falsos positivos que involucran al Gaula Tolima guardan relación y son varias las incógnitas sin resolver. Uno de ellos tiene que ver con la muerte de Lloreda Machado el 18 de enero de 2007 en un punto de la vía que comunica a las veredas Guayabo y Betania de Fresno, durante una supuesta ‘operación’ autorizada por el coronel Martínez.

En relación con esta muerte, López Pico, uno de los militares condenados por el caso de La Tigrera, llegó a un preacuerdo con la Fiscalía en el que comprometía al coronel retirado y así obtener una pena menor. Sin embargo, el juez no lo aceptó señalando que era inaceptable cambiar el delito que ya se le había imputado.

Luis Antonio Silva, otro soldado involucrado en las ejecuciones de La Tigrera, también está pidiendo pista en la JEP, por lo que ese tribunal ordenó a la Fiscalía allegar copia de siete procesos que tienen en su contra. Así mismo, el reclutador Eduard Puerta solicitó someterse a la justicia especial.