Más aún, el organismo de control fiscal del Distrito Capital detectó 23 hallazgos fiscales por más de $22.000 millones.

De acuerdo con las cifras de la Contraloría, para este propósito la inversión en los últimos tres Planes de Desarrollo de la Capital se discrimina así: 2004-2008 $59.286 millones; 2008-2012, $115.851 millones, y 2012-2015, $163.149 millones.

Solo en el último Plan de Desarrollo, en la administración de Gustavo Petro, se invirtieron $271 mil millones para el programa ‘Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad’, de los cuales se ejecutaron $163 mil millones.

No obstante, la Contraloría formuló varias observaciones. La primera, de los $56 mil millones destinados al proyecto ‘Banca para la economía popular’, la mitad, es decir $28 mil millones, fueron ejecutados por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico a través del convenio de asociación 570/2013 con la Fundación Confiar y Confiar Cooperativa Financiera, para financiar y fortalecer unidades productivas pertenecientes a la economía popular.

“Llama la atención a la Contraloría que a través de este convenio la Cooperativa Confiar cobre el 9% al Distrito por administración de créditos, máxime cuando según dicho Convenio la Fundación debe aportar recursos humanos, mobiliarios e inmobiliarios”.

La Contraloría Distrital también llamó la atención sobre el proyecto ‘Desarrollo de iniciativas productivas para el fortalecimiento de la economía popular’ liderado por el Instituto para la Economía Social (IPES). Este, dice el organismo de control, “se limitó a la construcción, adecuación y mantenimiento de los llamados puntos de comercio, pago de servicios públicos y costos de administración por $38.000 millones”.

Pero agrega que de estos recursos $22 mil millones (58 %) se destinaron al pago de 723 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo, y al pago de personal administrativo, gestores, vigilancia y servicios públicos, entre otros.

Y $16 mil millones más se invirtieron en la adquisición, construcción y mantenimiento de predios para reubicación de vendedores informales en los llamados ‘Puntos de comercio’ “muchos de los cuales se encuentran desocupados, mientras que los vendedores siguen realizando su actividad comercial en las calles”, destaca la auditoría.

Más aún, revela que “de los 2.980 módulos de comercio ofertados, 882 no tienen uso, y de ellos 748 están en puntos comerciales y 144 son quioscos”.

Para la Contraloría de Bogotá “esto demuestra que la reubicación de vendedores ambulantes en los llamados puntos comerciales no ha contribuido efectivamente al emprendimiento y fortalecimiento de dicha población, ya que estos alcanzan niveles de desocupación hasta del 63% en algunos de estos sitios”.

Entre los puntos más críticos se encuentran el 7 de agosto, Minicentro, Galerías Plaza, Bulevar Caracas, Calle 13, San Andresito y 20 de Julio.

La Contralora de Bogotá (e) concluye: “Las políticas Distritales frente a esta población y a la preservación del espacio público han fracasado, debido a que no se han formulado atendiendo las condiciones que originan el fenómeno: pobreza, falta de educación, de oportunidades para emprender proyectos.