A debate de control político fue citada la Secretaría de Planeación municipal, ya que en los últimos tres años se han solicitado 31 procesos de legalización de asentamientos humanos en Ibagué y, aunque se han entregado 14 resoluciones, la Administración considera que carecen de algunos elementos técnicos y jurídicos, por lo tanto están en revisión ya que algunas podrían serán revertidas.

Aunque el secretario de dicha cartera, Héctor Cervera, no asistió al Concejo debido a un compromiso con el Gobierno nacional para gestionar el Conpes de la movilidad, estuvo como secretario encargado Fabián Andrés Sánchez, director de Estudios Estratégicos, quien adquirió varios compromisos, como un plan de contingencia para agilizar el proceso de legalización.

El concejal citante Harold Lopera expresó: “La gente lleva años pagando planos e ingenieros para tener el levantamiento topográfico y cumplir los requisitos que las administraciones les solicitan, pero ahora las comunidades están en una situación incierta, en especial porque si no están legalizados los asentamientos no hay inversión del Estado y tienen muchas necesidades”.

El cabildante Humberto Quintero explicó que la legalización de barrios hace parte del proyecto ‘Mejoramiento integral de barrios’, y que en el anterior periodo se asignaron $5 mil millones, quedando pendientes los 14 asentamientos que requieren de estudios de actualización de gestión al riesgo humano, ya que dicho estudio llevaría seis años de estar desactualizado en todo el municipio.

Además dijo: “En siete meses del actual Gobierno se ha contratado por la Secretaría de Planeación $250 millones para hacer seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial, y ni siquiera se han actualizado los estudios de microzonificación, sólo han sido seguimientos, que son paños de agua tibia a una situación tan delicada que esperan los barrios para ser legalizados y entrar a los procesos de titulación de bienes fiscales”.

El cabildante también aseguró que ante la Personería y la Contraloría están denunciadas las presuntas falencias que también cobijarían a las administraciones pasadas, pero “no se le ha visto ningún resultado integral a estas investigaciones, por ejemplo, en la actualidad se ha invertido una importante suma en abogados y asesores para hacerle seguimiento al POT, y poco se avanza en la legalización de barrios”.

Barrios en mal estado

El barrio San Gelato es uno de los sectores que están esperando la legalización y llevan 13 años tras este propósito, ya que la falta de presencia del Estado cada vez es más preocupante, principalmente en temporada de invierno, durante el último mes se han inundado tres veces, porque el barrio aledaño Protecho Topacio no cuenta con colectores de agua lluvias, y las aguas van a parar a San Gelato.

Javier Díaz Pava, habitante del sector relató que ha perdido sus enseres en varias ocasiones, aunque llevan varios años tras la legalización cada vez que hay cambio de Administración municipal hay nuevas traba, pero sí se debe pagar de manera cumplida los impuestos y servicios públicos.

Como este, son muchos los barrios en precarias condiciones y hasta en riesgo que carecen de la presencia del Estado y que ven en la legalización la solución para contar con el apoyo del Gobierno en proyectos sociales.

La Administración

Fabián Sánchez aseguró que se lograron “compromisos como un plan de contingencia para la revisión de la documentación técnica; también establecer un cronograma para socializar con el Concejo sobre el plan de trabajo en el 2017 que incluye visitas”.

También que barrios como Los Ciruelos, Calucayma y Germán Huertas, podrían tener su resolución antes de finalizar el año, la Secretaría debe establecer el urbanismo y ser socializado a la comunidad contando 15 días hábiles para exponer observaciones o requerimientos al urbanismo propuesto por Planeación, y luego emitir el acto administrativo de legalización de los barrios; en el caso del sector Los Mandarinos se realizaría una inclusión.

Para Sánchez, la demora se debe al momento de aportar los documentos solicitados, ya que se requiere de un levantamiento técnico y de planimetría que la comunidad debe hacer llegar a la Secretaría, pero que muchas veces se debe devolver por no estar en los términos que establece la ley y hacerse ajustes, además la Secretaría no contaría con el personal suficiente para la revisión de los procesos generando dilaciones.

Frente a los 14 procesos que ya cuentan con la resolución pero que están en revisión, argumenta que la mayoría se otorgaron en la pasada Administración municipal, y se han encontrado varios asentamientos en zonas de riesgo alto o mitigable, al igual que ocupaciones en las rondas hídricas y espacio público; aunque es consciente que en estos casos la Alcaldía debe reubicar o articular con la comunidad la mitigación del riesgo.