Comité ambiental impugnó fallo contra la consulta de Cajamarca

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Fue interpuesta una impugnación a la decisión del Consejo de Estado que declaró inconstitucional la pregunta para la consulta popular minera de Cajamarca, y que ordenó al Tribunal Administrativo del Tolima para que cambie su decisión de avalarla, esto debido a la tutela que presentó la multinacional Anglogold Ashanti.

El comité promotor de la consulta popular radicó el 11 de enero el documento de objeción ante la Sala del Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que contiene dos solicitudes: la primera pretende derogar el fallo en primera instancia que determina cambiar la decisión del Tribunal frente a la constitucionalidad de la pregunta que había dado.

La otra solicitud hace referencia a que, según el análisis de la sala para la decisión en segunda instancia, de encontrarse expresiones inconstitucionales en la pregunta, la consulta popular no sea ‘sepultada’, sino que sea dada la oportunidad de que el Concejo de Cajamarca haga cambios a la pregunta con el aval que dé el comité promotor.

El Tribunal

A la decisión en primera instancia del Consejo de Estado aún no se ha notificado al Tribunal Administrativo del Tolima, que daría tres días para que el organismo publique una nueva providencia en la que se cambie la decisión de constitucionalidad de la pregunta, por lo tanto el comité busca que con la impugnación se suspenda la decisión hasta que en segunda instancia no sea analizada y se tenga un nuevo fallo.

Aún así, el comité promotor de la consulta dice desconocer cuál será la postura del Tribunal Administrativo frente a la notificación, no obstante pretende llegar a últimas instancias para tratar de salvar el proceso electoral de iniciativa ciudadana. La impugnación para el caso de Cajamarca tendría contenido distinto al interpuesto por el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, ante el fallo también de primera instancia del Consejo de Estado, que solicita modificar la pregunta de la consulta popular.

Firmas

Cerca de 10 mil firmas se tiene previsto radicar ante el Consejo de Estado por los cajamarcunos, indicando que esas personas no están de acuerdo con la decisión de que se suspenda la consulta popular minera.

Según el comité ambiental, se basarían en el derecho fundamental a la participación ciudadana en actividades democráticas, señalando que se estaría vulnerando el principio del bien común que prima sobre el bien particular, haciendo referencia al proyecto minero La Colosa.

Por lo tanto, el comité asegura que continuará haciendo labor de concientización en las comunidades sobre la necesidad del cuidado de los recursos naturales, considerando como una alternativa desarrollar la consulta popular relacionada con temas mineros para oponerse a megaproyectos en esa zona.

Credito
HERYK FARFÁN

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