Tras las denuncias allegadas por la Veeduría Agua para Ibagué (Vapi) por el proyecto inconcluso del contrato 2511 del 4 de septiembre de 2015 que comprende las obras del sistema de abastecimiento de agua potable de la futura zona de expansión de Ibagué: Etapa I, también conocidas como ‘Tanque de la Fiscalía’ por su cercanía a este establecimiento, la Contraloría de Ibagué emitió un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $7 mil 225 millones.

Según expuso la entidad, es claro que las pretensiones de la obra no cumplieron su objetivo y que se registró la “pérdida de los recursos invertidos”, pues el sistema de abastecimiento de agua potable y la instalación de las líneas de conducción de los tanques La 29, Fiscalía, Mirolindo y Picaleña no están terminadas y no registran utilidad.

El ente de control reseñó que la tubería de las líneas de refuerzo que se alcanzó a instalar presenta deterioro, mismo que puede agravarse por los procesos constructivos inconclusos y por el abandono de la obra.

A esto se suman los cuatro procesos judiciales que se surten sobre el contrato; dos impuestos por el consorcio Atria 2015, quién era el encargado de las obras y que busca que se declare el incumplimiento del Municipio en el contrato, así como el pago por sobrecostos y suspensión del mismo, otro lo interpuso la empresa Seguros del Estado quien busca que el Municipio devuelva unos recursos otorgados por esta obra inconclusa y  el otro proceso lo realizó la Alcaldía de Ibagué, que pretende que el consorcio cancele más de $21 mil millones, por lo que se ha dejado de percibir a la fecha.

Para el equipo auditor de la Contraloría existe una lesión patrimonial ya que, “es una obra inconclusa desde el mes de agosto del año 2018, la cual expresa deficiencias en la función administrativa, en la medida que se derivan de fallas en la planeación y en la ejecución de los procesos, adicionalmente a lo anterior, la obra presenta complejas controversias jurídicas entre el contratista y el Municipio de Ibagué, lo que no permite tener certeza del futuro de las inversiones y la terminación del proyecto, en nuestro concepto, tiene un escenario bastante pesimista”, reseñó en un informe.

El ente de control además cuestionó la implicación disciplinaria de los involucrados por una presunta desatención de sus funciones en todo el proceso.

El valor del presunto hallazgo tiene razón en el monto que se le desembolsó al contratista que alcanzó los $5.394 millones, más $1.830 millones de recursos de un anticipo otorgado y no reembolsado por el contratista, según refiere la entidad.

¿Y el hierro que se robaron de la obra?

Otra de las denuncias que se hizo ante la Contraloría tiene razón en el robo de hierro que se registró en mayo del 2021, situación que se expuso por Vapi, por el concejal Rubén Darío Correa y el diputado Milton Restrepo, el material que se sustrajo era los cimientos para la instalación del tanque de almacenamiento de 10 mil metros cúbicos que se iba a disponer en el lugar.

En su momento la veeduría Vapi señaló que en un estimado se pudieron robar al menos un 65 % de la estructura y cuestionó el estado de abandono en el que se encontraba lo construido.

Lo curioso es que en lo que refiere la Contraloría, frente a este hierro no se habría hecho una entrega parcial y el mismo sigue siendo responsabilidad del consorcio Atria. “Dentro de la ejecución del contrato no se evidenció ningún tipo de actuación de entrega parcial de los bienes y/o actividades resultantes de la ejecución, por lo que se concluye que el acero de refuerzo dispuesto para la cimentación del Tanque de la Zona Industrial se encuentra bajo la responsabilidad del Consorcio Atria 2015”, reseñó el ente de control.

Sin embargo, otra es la apreciación que tiene el contratista de esta obra, en un documento con fecha del 9 de marzo del 2021, en donde le avisan a la Alcaldía del robo del hierro, Atria asegura que la estructura de placa fue totalmente terminada y entregada al Municipio, quien lo tiene en custodia, incluso señalan que la estructura se aprobó en el acta de obra número Cinco por la interventoría, el supervisor del contrato y fue pagada, pues ya estaba lista para que se fundiera en concreto antes de que se suspendiera el contrato.

Por ahora no hay responsables por el robo y afectaciones a los cimientos para instalar el tanque de 10 mil metros cúbicos.

Es de resaltar que a raíz del robo de hierro el Municipio inició con el pago de vigilancia privada sobre el terreno.

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