Con este comportamiento Galindo Rincón, posiblemente se habría apartado del marco normativo para la prestación de los servicios públicos, las sociedades y los procedimientos administrativos y judiciales existentes en el marco legal colombiano con lo cual, al parecer, pudo haber emitido una decisión contraria a la ley, incurriendo en la conducta penal descrita como prevaricato por acción.

En segundo lugar se le cuestionó porque, al parecer, no envió a la Procuraduría Regional del Tolima, dentro de los tres días siguientes a su conocimiento, la recusación que presentó un ciudadano por la expedición del cuestionado decreto, al parecer, contrariando el deber legal de suspender el proceso administrativo interno, con lo cual habría afectado los fines del Estado.

Entre las normas presuntamente vulneradas se citó la Ley 142 de 1994, en cuyo artículo 5º establece que para la prestación de los servicios públicos, los municipios ejercerán la competencia en los términos de la ley y los reglamentos que expidan los concejos.

Las posibles faltas del funcionario se calificaron en esta etapa procesal como gravísimas a título de culpa gravísima, toda vez que, pudo haber incumplido reglas de obligatorio cumplimiento.

Para el ente de control el alcalde podría haber actuado contrario al interés general, inobservando sus deberes funcionales.

La Procuraduría compulsó copias a la Fiscalía General de Nación, para que si es del caso se investigue penalmente al mandatario.