Arteaga, como representante Legal de la empresa Rápido Tolima, debe cumplir cinco días de arresto, que se harán efectivos en las instalaciones del comando de la Policía Metropolitana de Ibagué, y debe pagar la multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El fallo se produjo por la acción de tutela interpuesta por la abogada de César Andrés Guzmán, exempleado de la flota.

Al exconductor no le pagaron sueldos, prestaciones sociales y una incapacidad por apendicitis, a sabiendas que son los conductores los que pagan su propia seguridad social al 100 por ciento.

Por lo anterior, el conductor solicitó, a través de un derecho de petición, que le fueran entregadas las copias de los documentos del vínculo laboral, pero la empresa respondió que debía pagar por cada certificado y también a la persona encargada, configurándose, según el Juez, el desacato y a la fecha el afectado no tiene aún las copias.