Mediante el decreto 018 de 2017, se ordenó convocar a la consulta popular minera de Cajamarca para el 26 de marzo, dando cumplimiento al fallo emitido por el Tribunal Administrativo del Tolima el 19 de enero, acatando lo ordenado por el Consejo de Estado que sugirió poner en consideración de los cajamarcunos la pregunta:

¿Está usted de acuerdo, Sí o No, con que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos de actividades mineras?

Según el decreto, la polémica alcaldesa (e) Andrea Canizales, elevó una consulta al comité promotor del proceso electoral, y al tribunal Administrativo del Tolima, este último “no se pronunció de fondo sobre la aclaración, debido a la ambigüedad del fallo, concretamente frente a la pregunta de la consulta”, por su parte, el comité promotor manifestó que se debe hacer el proceso electoral y no hizo observaciones a dicha pregunta.

Por lo tanto aclaró que según la Ley estatutaria 1757 de 2015, se indica que la consulta popular se debe cumplir dentro de los tres meses siguientes a la fecha del concepto previo de la corporación, término que estaría entre el 21 de enero y el 27 de abril.

Tal como lo había publicado EL NUEVO DÍA el 24 de enero, la Alcaldía de Cajamarca tenía como fecha el 26 de marzo para la consulta popular, por tratarse de 15 días después de las elecciones atípicas de alcalde el 12 de marzo, y así la Registraduría poder desplegar la logística necesaria a la consulta.

Recomendaciones

La Misión de Observación Electoral (MOE), en convenio con la Universidad del Tolima, celebró la convocatoria; su coordinador regional Cristhian Martínez, afirmó:

“Los ciudadanos cumplieron con todos los requisitos que tenían en sus manos y ahora se podrán pronunciar. Nuestra preocupación es que los ciudadanos puedan a partir de este momento tener la información necesaria de las campañas, sea por el Sí, el No, o la abstención, y puedan tomar una decisión informada”.

Martínez, también pidió que las instituciones estatales coordinar sus acciones para que se blinde con mayores garantías el proceso electoral, por lo tanto pidió a la población denunciar cualquier hecho irregular, además, que la Alcaldía de Cajamarca debe coordinar con la Registraduría para hacer las apropiaciones presupuestales necesarias de las votaciones.

Cabe destacar que la pregunta que fue declarada constitucional por el Consejo de Estado, también ha generado polémica, ya que prohibiría cualquier tipo de actividad minera en ese municipio, y no la ‘contaminante’, a la que se hacía referencia en la primera.