Pasados 16 días desde que tomaron posesión de sus cargos, el gobernador Ricardo Orozco y la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, publicaron sus declaraciones de bienes y rentas, en cumplimiento de la Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019, que obliga a altos funcionarios del Estado a revelar esta información anualmente.

De acuerdo con la declaración de Orozco, su patrimonio bruto es de $165.7 millones, mientras que sus deudas ascienden a $38.4 millones, por lo que su patrimonio líquido es de $127.3 millones. En 2018, año en el que todavía estuvo vinculado a la Gobernación, registró honorarios por $122.6 millones.

La citada norma señala que los servidores elegidos por voto popular deberán registrar, adicionalmente, los aportes recibidos en elecciones, de acuerdo con la información reportada al Consejo Nacional Electoral. En este caso, Orozco tuvo gastos por $391 millones, de los cuales 189.1 fueron destinados a propaganda electoral.

Por otro lado, el reporte financiero de campaña señala que sumó ingresos por $391.1 millones, de los cuales $51 millones son recursos propios y $260 millones provenientes de 60 donaciones en efectivo y en especie.

Para el caso de Alfonso Lannini, su patrimonio bruto es de $301.2 millones y mostró deudas por $280.6 millones, para un patrimonio líquido de $20.5 millones. Adicionalmente, como producto de salarios y demás ingresos laborales, se refiere que obtuvo en 2018 una suma de $94.7 millones, esto sin contar gastos de representación que fueron por $58.8 millones.

La norma, creada con el propósito de fortalecer la transparencia y publicidad de la administración pública, también obliga al alcalde Andrés Fabián Hurtado a publicar información de bienes y rentas. No obstante, aún no aparece los registros en la página en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep). Quien tampoco ha cumplido con la ley es Ómar Mejía, rector de la Universidad del Tolima.

Cabe resaltar que la presentación de la declaración de bienes y rentas, así como la existencia de conflictos de interés, deberá ser actualizada cada año mientras exista la calidad de sujetos obligados. Esta información será requisito para posesionarse, ejercer o retirarse del cargo.

De igual forma, les compete esta obligación a las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas que presten función pública como notarios, cámaras de comercio, curadurías urbanas, peritos, jurados de votación, supernumerarios, jueces de paz, árbitros y conciliadores, jueces indígenas, contratistas de prestación de servicios.

Dato

Los ciudadanos pueden conocer la información de bienes y rentas de los funcionarios al ingresar al link: www.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/busqueda