El pasado 10 de enero el gerente de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (Ibal) Juan Carlos Núñez, expresó que la entidad acumulaba una deuda de $90.000 millones señalando de antemano que la carga de la nómina es uno de los factores que amenaza las finanzas de la empresa.

“Los retos que tiene la Administración son bastante grandes para evitar dos caminos: el de la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos o la liquidación de la empresa”, manifestó en su momento Núñez.

En este sentido, James Puentes Delgado, presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos de Colombia (Fenaser) y fiscal de Sintraibal, salió al paso y argumentó porqué radicó una carta a la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios).

“En el oficio yo le estoy solicitando a la Superintendencia que si nos puede informar si la empresa en este momento se encuentra en un riesgo financiero para una intervención o una posible liquidación. Porque se toma esa decisión, debido a los comentarios que ha hecho el señor Gerente del Ibal y el Alcalde de Ibagué informando de que la empresa tiene un déficit financiero y que según ellos no es autosostenible”, afirmó Puentes.

El líder sindical señaló que la cifra de la deuda es preocupante pero que no tiene relación con la parte de la nómina.

En un comunicado, el Ibal acotó: “En el año 2017, se realizó una modificación de la planta dejando una estructura organizacional de 302 trabajadores a término fijo y 16 trabajadores de libre nombramiento y remoción. El gobierno saliente vinculó a 140 personas a término fijo en diferentes cargos, a nivel profesional, asistencial y administrativo, dejando unos gastos operacionales bastante altos”.

“Se viene la controversia respecto unos contratos a término fijo o indefinido, yo quiero dar la claridad que todos los trabajadores de la empresa somos oficiales, llámese contrato a término fijo o indefinido, la preocupación de nosotros es esa”, comentó Puentes.

Y es que según el sindicato, la Administración Municipal manifiesta que el 90% de los gastos de la empresa de acueducto son administrativos, “que uno supone es por el manejo del personal”.

“Tenemos prácticamente seis meses para tomar una decisión sobre la empresa, en estos momentos estamos evaluando jurídicamente cada uno de esos contratos (laborales)”, dijo por su parte Núñez.

Seis meses claves

 Por su parte, el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, indicó que el único ingreso que tiene la empresa proviene de las tarifas que pagan 150.000 usuarios, recursos utilizados para el funcionamiento de la misma.

“Estamos evaluando las opciones, no queremos coger ninguno de los dos caminos que ya están marcados y esperamos con el compromiso de nuestros colaboradores sacar adelante la empresa”, enfatizó el mandatario.

Pero de acuerdo a Sintraibal otra de las molestias de los trabajadores siguiendo esta línea, es que nunca se les citó para informarles de los estados financieros.

Cabe recordar que el exgerente del Ibal Mario Casas en los últimos días de su administración afirmó que no había riesgo alguno de que la empresa fuera intervenida. “Si estuviéramos hablando de riesgo financiero, la Fitch Ratings que es una consultora internacional muy reconocida a nivel mundial, no nos hubiera pasado de BB a BB+ estaríamos en B- y además no tendríamos un incremento en el recaudo de $72 mil a $82 mil 500 millones, quiere decir que la empresa en ningún momento va a tener que ser intervenida ni financieramente, ni operativamente, mucho menos administrativamente”, dijo en su momento Casas.

Dato

Según el Ibal el recaudo mensual de la entidad es de aproximadamente $5.600 millones. Respecto a los gastos en nómina que tiene la empresa no se conoce una cifra oficial.