Carolina Cotes, subdirectora de coordinación, nación, territorio y supervisora del convenio 1600 que se firmó en 2018 entre las partes, indicó que la exigencia para el Municipio es que no se hagan más ajustes al cronograma, “desde la Unidad estamos exigiendo el cumplimiento de los cronogramas establecidos, haciendo el seguimiento pertinente en el entendido que esta es la única manera que como Unidad nos va a permitir a finales de esta vigencia fiscal contar con el centro regional, contamos con el compromiso de la Alcaldía, sin embargo, le hemos solicitado poder mantener los cronogramas con los que hemos comenzado a trabajar pues si se siguen cambiando no vamos a lograr el objetivo correspondiente”, reseñó.

Cabe destacar que entre los compromisos de la Alcaldía está el de fijar un cronograma de ejecución del convenio, liquidar los contratos de obra e interventoría que se suscribieron desde el anterior gobierno, ajustar el presupuesto según las necesidades, entregar los resultados del diagnóstico de patologías de estructura e instalaciones y renovar la licencia de construcción del centro regional, frente a este último, en la mesa de seguimiento desde la Alcaldía se indicó que esperan contar con el mismo en mayo. 

La Unidad además resaltó la necesidad de que se conozca el resultado de las patologías que determinen el estado de la obra, pues es indispensable para que se abra un nuevo proceso de licitación pública. 

“En ese sentido, la Unidad, en el marco de la supervisión que ejerce en el convenio 1600 está atenta a la evolución y desarrollo de los cronogramas a que podamos contar por parte de la Alcaldía con el diseño de patologías para poder saber estructuralmente qué adecuaciones hay que hacerle al centro regional por medio del próximo contratista que seleccione la Alcaldía para que culmine la obra del centro regional. Desde la unidad tenemos toda la disposición”, puntualizó Cotes. 

Es de resaltar que las víctimas han solicitado celeridad en la construcción de este espacio y han expresado los percances que tienen en las instalaciones que tienen dispuestas en la actualidad, oficinas pequeñas que no cumplen con las necesidades de las víctimas del conflicto armado. 

Dato

$2.906 millones es el valor del convenio que se firmó entre el Municipio y la Unidad de Víctimas. 

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