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Rápidamente se descubrió que no eran supuestos guerrilleros sino militares y hay que reconocer que hubo una rápida reacción de los comandantes de la Fuerzas Militares y del Ejército.
Los interrogantes que quedan de este hecho son muchos: ¿Se trató de un hecho aislado? ¿Es una práctica derivada de comportamientos similares en el pasado? ¿Se buscaba desprestigiar la política de ‘Paz Total’? y muchos otros. Pero con estos tenemos suficiente para plantear una reflexión al respecto.
A todas luces es claro que es un rezago de un tipo de práctica que con seguridad era mucho más generalizada en el pasado, no sólo para evidenciar que se estaba ‘golpeando’ una organización insurgente –recordar los denominados ‘falsos positivos’-, o por el contrario para tratar de maximizar la presencia de la misma y de esa forma justificar el uso de la violencia contra poblaciones, especialmente del mundo rural o justificar presupuestos militares para incentivar la violencia. Lo cual permite derivar que no hay duda que la tarea del cambio de la doctrina militar debe intensificarse, no puede las Fuerzas Militares ni la Policía seguir viendo ‘enemigos’ o ‘amenazas’ en poblaciones de campesinos(as), donde lo único que hay es carencia de acceso a las actividades productivas y a hacer realidad los derechos que como ciudadanos tienen, pero de ninguna manera son ni subversivos, ni enemigos ni de la sociedad ni del Estado, sino personas que están esperando protección especial de las autoridades y en particular de la Fuerza Pública.
Pero adicionalmente, hay que acabar con esa tradición de ‘informalidad’ del actuar de militares y policías –esa es una tarea sólo aceptable para actividades de inteligencia y debe estar regulada y controlada por procedimientos precisos-. Cuando militares y/o policías terminan disfrazándose de esa manera no solo pierden toda legitimidad, sino están incurriendo en delitos que deben ser sancionados disciplinaria y penalmente.
El cambio de la doctrina militar y /o policial es una tarea compleja que implica no sólo elaborar unos documentos nuevos, ni sólo dictar cursos de Derechos Humanos, que como alguna vez me comentaba una colega argentina que trabajaba en eso, eran solo formalidades a las cuales asistían porque ‘les tocaba’; no, eso conlleva una tarea de mediano y largo plazo, que sí requiere nuevos documentos de política que deben ser socializados a todos los niveles de la institución, formación en temas como Derechos Humanos y DIH, cambiar los patrones de relacionamiento al interior de la jerarquía –no pueden estar basados en el uso de un lenguaje despótico y humillante-, debe incluirse un fuerte énfasis en la idea de respeto a los ciudadanos(as), en deslegitimar el uso de la violencia para resolver conflictos, en mediación de conflictos, en el respeto con la población. Y parte de eso parece estarse haciendo, pero la tarea todavía requiere mucho más.
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