El país ha asistido con pasmo a la redada practicada por la Fiscalía en Barranquilla en la que fueron detenidos 11 funcionarios de la justicia, entre los que se cuentan jueces, un fiscal, varios auxiliares y hasta un abogado litigante.
Las razones del procedimiento, según la Fiscalía, tienen que ver con el hecho de que los privados de la libertad hacen parte de una red que manipulaba las asignaciones de los procesos y las inducía a los juzgados involucrados en el montaje para que, mediante el pago de gruesas sumas de dinero, se determinara con premura la liberación de los imputados y detenidos por procesos de gran resonancia.
Al principio los organismos sindicales de la justicia se pronunciaron con vehemencia y criticaron el operativo y las que, consideraban, actuaciones sin sustento y, en cierta medida, mediáticas.
Con el paso de los días y, seguramente, ante la aparición de las sindicaciones y las pruebas la posición de Asonal Judicial se ha moderado y ahora reclama, con toda razón, que a los detenidos se les brinden los derechos constitucionales a la defensa.
Durante el fin de semana se desarrolló la audiencia de imputación que dará espacio a un proceso con muy hondo calado en el que ya comienzan a aflorar vinculaciones con otros renombrados procesos relacionados con temas políticos, de corrupción y de narcotráfico.
Si bien el público no está al tanto de lo que se agita al interior del sistema judicial esta ignorancia no cobija a otros sectores de la rama y, por supuesto, no le es extraño a los organismos encargados de la disciplina en el gremio y la judicatura. De hecho, escandalosas conductas que en ocasiones permean a juzgados completos se escenifican sin que los encargados de los controles se pronuncien o actúen.
Por estos días y ante la inminencia de la apertura de investigaciones a su despacho se ha apresurado a presentar renuncia a su posición un juez tristemente célebre por las irregularidades que se presentaban en su jurisdicción. Por cierto, en una de las últimas actuaciones procedió a permitir el retiro de dineros embargados en un proceso de larga data. De las irregularidades en ese juzgado estaba enterada la totalidad de los funcionarios del Palacio de Justicia y del Consejo Regional de la Judicatura. Pero bueno, al menos se fue el controvertido elemento.
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