Desde un principio el asunto aparecía incomprensible y despertaba varias inquietudes. Se trataba de uno de los complejos hidroeléctricos más importantes del país, del que se deriva una porción importante del suministro eléctrico de la nación.
A lo anterior, se suma que dicho montaje es operado por la más reputada y técnica de las empresas oficiales especializada en servicios públicos y que, por la calidad de sus ejecutorias y curia en el manejo de sus emprendimientos, ha conformado un poderoso conglomerado empresarial que lleva sus operaciones más allá de las fronteras y hacia varios países.
A lo enunciado se añade que, como lo sabe hasta el menos avezado de quienes lidian con las operaciones eléctricas (más si son de la magnitud de la referencia), estas tienen un sólido conjunto de protecciones redundantes que hacen que se pueda conjurar muy rápidamente cualquier accidente o irregularidad, con tal de evitar lo que pueda convertirse en extensos y costosos daños cuya reparación toma largo tiempo y perjudica a millones de personas.
Todo lo anterior en medio de un panorama a todas luces complejo en el que se agrupaban toda suerte de contingencias, agudizadas por ‘El Niño’ y equivocaciones protuberantes en las políticas de energía que han puesto al descubierto y acentuado la vulnerabilidad del sistema eléctrico colombiano.
En ese confuso escenario ocurrió lo que parecía improbable: un incendio de enormes proporciones arrasó con el sistema de generación de la hidroeléctrica de Guatapé, sin que los sistemas de protección hubieran cumplido su cometido y para su reparación era necesario recurrir a equipos y elementos que no están disponibles y se producen en el extranjero. No hay que olvidar que simultáneamente se produjeron intempestivos daños en dos termoeléctricas indispensables en el sistema de apoyo del suministro de energía.
Vino la crisis, salió el Ministro, hubo amenaza de racionamiento y medidas que deberían haberse tomado de inmediato, como el trasvase de las aguas de la represa Guatapé a otras hidroeléctricas aguas abajo, se demoraron más de lo necesario.
Han transcurrido cerca de dos meses y ya se cuenta con los equipos y elementos para la reparación, pero se anuncia, dentro de un halo de misterio, que han sido destacados 25 técnicos de las mejores calidades para investigar lo acaecido en el siniestro de la hidroeléctrica, pues existen sospechas de que el incidente fuera provocado.
Resulta inimaginable que algo así pueda ocurrir, pero el envío de tan completo contingente a indagar hace aparecer la sospecha de la existencia de una conjura cuyos afectados serían Colombia y sus habitantes. Tan aterradora opción obliga al Gobierno a llegar al fondo de la investigación y a revelar el resultado de la misma a la mayor brevedad.
¿Qué perversas mentes podrían estar tras la confabulación y con qué propósito?
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