Editorial: La estructuración de un desastre

Sobre el campo quedaron cientos de empresas que no pudieron aprovechar la opción que brindaban los Juegos, los miles de deportistas y ciudadanos que no pudieron volver a practicar los deportes o usar las instalaciones de recreación y los cientos de miles de ibaguereños que todavía no cuentan con servicios adecuados de acueducto, alcantarillado y tratamiento de aguas servida.

En repetidas ocasiones a lo largo de los últimos 24 años se ha denunciado desde esta tribuna la evolución de la corrupción en la ciudad de Ibagué, que con el pasar de los días ha ido perdiendo cualquier escrúpulo hasta presentarse desembozadamente sin preocuparse por advertencias, denuncias, señalamientos o pruebas fehacientes.

Lo anterior ha podido lograrse gracias a la actitud catatónica de los organismos de control, cuando no de un abierto y dañino contubernio.

El asunto ha venido degradándose (si eso es posible) al pasar de coimas y porcentajes, que crecen con el tiempo, hasta la ausencia absoluta de las tareas contratadas y llegar al siniestro espectáculo, del último gobierno municipal, en el que el latrocino se estructuraba desde el mismo momento en el que se redactaban los términos de las licitaciones, pasando por las adjudicaciones amañadas con un solo proponente y comités evaluadores que ni siquiera se tomaron la molestia de sumar los ítems de las propuestas, hasta el inverosímil caso de destruir las instalaciones existentes en campos deportivos para causar daño más allá de las actuales generaciones.

No se trata únicamente de nuevos protagonistas. Los hay que han participado en el saqueo por distintas administraciones con un daño continuado al interés colectivo.

En la acertadamente censurada última administración hicieron aparición otros participantes: compañías radicadas en Villavicencio a las que, en uso de buen testaferrato, se les adjudicó las obras del estadio para emular con sus paisanos que tanto éxito han tenido con el acueducto complementario.

De otro lado, unas ignotas empresas españolas a las que se adjudicó el diseño de los escenarios de los fracasados juegos, que se complementó con otras igualmente desconocidas para que construyeran las instalaciones y todo orquestado por un omnipresente rábula que fungía como supremo asesor del municipio y, a la vez, actuaba como apoderado de los contratistas y hoy, cumplido su propósito se largó a España a un sabático que le permita prescribir. En la punible tarea participan unos que continúan una tradición familiar, otros que deberían respetar a sus ancestros y, otros, que en su avaricia les parece rentable actuar como cómplices del saqueo.

Sobre el campo quedaron cientos de empresas que no pudieron aprovechar la opción que brindaban los Juegos, los miles de deportistas y ciudadanos que no pudieron volver a practicar los deportes o usar las instalaciones de recreación y los cientos de miles de ibaguereños que todavía no cuentan con servicios adecuados de acueducto, alcantarillado y tratamiento de aguas servida.

Todo advertido desde cuando se estaba fraguando. Con cifras al canto, documentos disponibles y análisis que se probaron ciertos. ¿Qué dicen los organismos de control?

REDACCIÓN EDITORIAL

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