Editorial: Un juicio público

Por supuesto que ya se sabe que los organismos de control son inoperantes, por lo que se hace necesario que la Alcaldía conforme un equipo idóneo con ingenieros, arquitectos y, sobre todo, abogados de primera línea que saquen a la luz todas las irregularidades que tanto daño han causado a Ibagué y su gente, en medio de una escandalosa impunidad.

Con una mezcla de rabia, envidia y nostalgia se pudo observar en los noticieros de televisión del fin de semana la entrega a satisfacción de los trabajos de restauración de la catedral de Monguí en Boyacá.

A la ceremonia en la que los asistentes pudieron apreciar el prolijo y precioso trabajo, acudió la ministra de Cultura, Mariana Garcés, y las cámaras permitieron detallar no solo la estupenda labor arquitectónica, sino el esmerado trabajo artístico para recuperar el trabajo de recuperación de la inmensa bóveda.

La labor cuyo costo fue de 6.4 millardos de pesos se cumplió dentro del plazo establecido, y, si se quiere, excedió las aspiraciones estéticas de quienes lo contrataron, a más de que se ajustó lo realizado al presupuesto pues, por supuesto, no se emprendieron labores espurias ni gestiones no programadas.

Contrasta lo anterior con la debacle del Panóptico de Ibagué que tras haber superado varias veces el plazo y los recursos programados continúa siendo la más cabal expresión de la desidia, la corrupción y la impunidad, en la que han contribuido administraciones, gremios y toda suerte de medradores que ya colmaron la paciencia del propio Ministerio y le significaron la pérdida de credibilidad a la región.

Todo lo anterior sin que se le hubiera sumado la mega catástrofe auspiciada por la administración de Luis Hernando Rodríguez Ramírez, con relación a los fracasados Juegos Nacionales, el Acueducto Complementario, el sistema de transporte público y tantas otras ineptitudes que son de todos conocidas y constituyen referencia nacional.

Pues bien, en lugar de dejarnos dominar por el pesimismo y permitir que la rabia y la frustración nos agobien, la comunidad con la Administración Municipal a la cabeza, debe hacer un frente común que rescate a la ciudad de tanta ignominia y se fije un propósito en el tiempo y el espacio para recuperar los recursos, las instalaciones, los servicios y la reputación perdidos.

Por supuesto que ya se sabe que los organismos de control son inoperantes, por lo que se hace necesario que la Alcaldía conforme un equipo idóneo con ingenieros, arquitectos y, sobre todo, abogados de primera línea que saquen a la luz todas las irregularidades que tanto daño han causado a Ibagué y su gente, en medio de una escandalosa impunidad.

El saqueo de Ibagué requiere de un juicio público y sanciones ejemplares.

REDACCIÓN EDITORIAL

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