En dos semanas se han cumplido dos consejos de seguridad para analizar y dar soluciones a las alteraciones del orden público en el Tolima, territorio amenazado por la expansión de las disidencias de las Farc.
El primero estaba programado para llevarse a cabo en Planadas (el corazón del conflicto) el 3 de abril, pero debió cumplirse en Neiva por cuestiones de clima, y el segundo se efectuó el pasado martes en Ibagué. Este último contó con la presencia del presidente Gustavo Petro, el ministro de Defensa, Iván Velásquez; la cúpula militar, el director nacional de la Policía, general William René Salamanca, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, y algunos alcaldes de la región.
En la reunión se expuso que los delitos de homicidio y hurto han disminuido en el Departamento, al igual que en el resto del país. Sin embargo, las extorsiones siguen creciendo, en especial, en el sur del Tolima y en el Huila. El ministro de Defensa atribuyó este incremento a la presión que está ejerciendo la fuerza pública en los departamentos de Nariño, Cauca y el Valle sobre las disidencias de las Farc, con las que se suspendió el cese al fuego. Esto ha llevado a este grupo criminal a buscar nuevas fuentes de financiación para sus actividades ilegales en las regiones limítrofes, ya que continúan los combates en el Cauca, y se han incrementado las acciones en contra del narcotrá- fico y la minería ilegal.
A la crisis por el retorno de la guerrilla al sur, la directora seccional de Fiscalías agregó otra situación alarmante y es que algunos municipios no cuentan con fiscales. Ante estas circunstancias, el ministro informará a la fiscal general con el fin de que esto se corrija, ya que la seguridad no es solo responsabilidad de la fuerza pública, pues se precisa una labor articulada con la justicia.
Los representantes del gobierno central ratificaron el compromiso de aumentar el pie de fuerza del Ejército y la Policía, para mejorar la seguridad en todo el territorio nacional. Y se anunció un plan para aumentar en 16.000 el número de soldados profesionales y en 20.000 el de policías.
La gobernadora, no obstante, fue enfática en señalar que se requiere mucho más que reforzar la presencia de la fuerza pública, pues para alcanzar la paz total que propone el presidente Petro es necesario hacer inversiones sociales en las regiones que más lo requieren, y a este respecto no hubo ningún anuncio.
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