Una discusión a nivel internacional, considera el secretario subregional de la organización sindical Internacional de Derechos Humanos, Juan Diego Gómez Vásquez, debe darse para que el proyecto de explotación de la mina La Colosa, pueda ser reformulado a favor de la protección de los derechos colectivos de los ciudadanos en el Tolima.

A esta conclusión se llegó en reunión sostenida con el gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón, y el personero de Ibagué, Isaac Vargas, quienes advirtieron de los efectos nocivos que podría traer la explotación de oro para las fuentes hídricas, la seguridad alimentaria y el medio ambiente de la región por parte de la multinacional Anglogold Ashanti.

“El tema tendrá que salir de la discusión local, regional y nacional, para ponerlo en escenarios internacionales.

“Hemos planteado la posibilidad de poner la violación de estos derechos colectivos fundamentales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay que pedirle a la comisión medidas cautelares para proteger estos derechos”, dijo Gómez.

El vocero de la organización sindical, señaló que existen dos posibilidades para que la Cidh entre a estudiar y dictar las medidas con respecto a La Colosa: la violación de los derechos colectivos de las comunidades o el derecho de la actividad pública para convocar consultas populares y que sean los ciudadanos, quienes decidan si es adecuado o no aceptar el proyecto.

“Mire lo que generó la consulta en Piedras, que la Procuraduría abriera una investigación disciplinaria contra el Alcalde por haber hecho la iniciativa. Creo que es derecho que debe proteger la Cidh”.

Efectividad de la Cidh

Juan Diego Gómez, considera que los lineamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son de cumplimiento para el Gobierno de Colombia. Un caso concreto fue la solicitud efectuada por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien acudió al organismo internacional para evitar su destitución.

Según el vocero, aunque en un principio el presidente reelecto Juan Manuel Santos, intentó hacer caso omiso a las medidas cautelares, acató la decisión, ya que el país hace parte de la comisión y de los firmantes de la Convención Americana.

“El Gobierno quiso desconocer las medidas de la Cidh y tuvo que recular, porque Colombia hace parte y está obligado a cumplir con los dictámenes del sistema.

“Si logramos llevar a la Comisión el estudio de este proyecto, creo que es posible ponerle un dique a las pretensiones que tiene la multinacional y obligar al Gobierno a recapacitar sobre la política extractivista que viene haciendo”, explicó Gómez.

Para él, en Colombia existe una gran presión por parte del capital extranjero y de las multinacionales para llevar a cabo “políticas extractivistas para el desarrollo económico que tienen fundamento en la explotación violenta, inhumana y que no contempla los derechos fundamentales de los pobladores”.

“Este Gobierno no ha considerado factores como la afectación que va a tener para los ciudadanos o los derechos colectivos, y eso es lo que hay que entender. Así se tengan presiones de las multinacionales para invertir en Colombia, los pueblos tienen el derecho a proteger su medio ambiente, la seguridad alimentaria y el derecho al agua”.

¿Detener la explotación?

De acuerdo con Gómez, las medidas cautelares no detendrían de forma definitiva la posible explotación de La Colosa, pero sí obligaría al Gobierno a repensar el proyecto y a las comunidades a formular una propuesta que permita armonizar el desarrollo económico con los derechos colectivos: agua, seguridad alimentaria y un medio ambiente libre de efectos nocivos.

“No estamos en una postura paquidérmica que estanque el desarrollo económico, necesitamos que el desarrollo económico esté armonizado con los derechos colectivos e individuales.

“Tenemos que obligar al Gobierno nacional y a la multinacional a repensar el proyecto, aunque para mí lo ideal sería que la multinacional salga del proyecto y si se piensa aprovechar los recursos que tenemos, es decir el oro, pensarlo de otra manera y no como la transnacional lo plantea.

“El principal efecto nocivo que encontramos es el de la contaminación de las fuentes hídricas, el agua potable es un derecho de las ciudadanos y de las naciones”.

Foro internacional

Una de las propuestas que surgió durante la reunión, es la realización de un foro que reúna las voces de otras comunidades que se han visto enfrentadas a luchar contra el desarrollo de proyectos de minería a gran escala.

“La convocatoria es para la realización de un foro internacional que una a personas con experiencia y cuenten cómo han visto la explotación minera y cómo han reaccionado frente a los efectos nocivos de la minera a cielo abierto.

“Hay casos emblemáticos como el caso de Conca en Perú, en un pueblo llamado Cajamarca, allí la comunidad, las autoridades públicas, las organizaciones sociales y la comunidad internacional han debido enfrentar un proyecto similar al de La Colosa en la región; esas experiencias pueden ser muy importantes para saber que este no es un tema exclusivo del Tolima, sino que es un tema general”. concluyó.

La fecha para la realización del foro se prevé para el mes de octubre, día de la conmemoración del aniversario de fundación de la capital para que sea un tema de amplia discusión política a nivel regional y nacional.