Según Riaño, con la actual disposición los organismos de control tenderían a desaparecer, debido a que los ingresos que perciben por los municipios, según el presupuesto proyectado cada año, son bajos.

Y explicó que para el caso de Ibagué, a la fecha el presupuesto no supera los dos mil 500 millones de pesos.

De acuerdo con la Ley, el porcentaje para gastos de funcionamiento no puede superar el dos por ciento del presupuesto proyectado y el tres para ciudades con más de mil habitantes.

Según Riaño, se espera que con la modificación, en esta capital el presupuesto suba a tres mil millones de pesos.

“De no proceder en esa modificación respectiva estamos condenados a la desaparición de las contralorías territoriales. Vamos a llevar la propuesta ante el Consejo Nacional de Contralores. Ya la Contraloría de Ibagué tiene formulado el articulado respectivo que permita la socialización de la propuesta”, aseveró Riaño.

Y replicó que los recursos para gastos de funcionamiento y en virtud de las demandas laborales limitan el ejercicio de los órganos de control, por lo que un aumento en los recursos podría incrementar la planta de personal y hacer más efectivos los procesos de auditoría.