Un fuerte pronunciamiento hace la Contraloría de Ibagué en su informe de auditoría a los recursos ejecutados por la Corporación Festival Folclórico Colombiano en el 42° Festival Folclórico, celebrado en junio.

Las festividades pasaron de tener una financiación de 920 millones de pesos, presupuesto aprobado en diciembre de 2013, a mil 896 millones en 2014, recursos provenientes en su mayor parte de la Alcaldía de Ibagué.

De acuerdo con el órgano de control fiscal, con el ejercicio efectuado a las finanzas de la entidad se comprobó la existencia de desorganización administrativa y financiera por falta de un manejo técnico, adecuado, eficiente y eficaz de los recursos transferidos a través de los convenios celebrados entre la Administración y la Corporación.

Y añade, “la Corporación Festival Folclórico es una entidad que presenta riesgo inminente en el manejo de los recursos que por gran monto le han sido transferidos a través del convenio, por lo cual se debe advertir sobre esta situación a la Administración central, la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Cultura, para que en un futuro inmediato se minimice el riesgo y se garantice el manejo de este tipo de recursos”.

Los hallazgos

Según el informe, el convenio suscrito entre el Municipio y la Corporación está ejecutado en 97 por ciento. Se tiene que de los mil 328 millones 900 mil pesos desembolsados por la Alcaldía a la Corporación se han pagado mil 292 millones 626 mil, y de los mil 370 millones asignados, ya fueron comprometidos en un 100 por ciento; aunque parte de estos gastos son compromisos verbales que no han sido legalizados y parte de los mismos están pendientes del pago por la Administración.

De acuerdo con la Contraloría, “la Secretaría de Cultura, supervisora del convenio, no ha elaborado o presentado a la fecha informes periódicos de seguimiento a la ejecución, así como lo aseguró esta funcionaria, lo que denota la deficiente supervisión de los contratos”.

Además, refiere la existencia de información contable con deficiencias e inconsistencias en los registros elaborados, evidenciado en 120 comprobantes de egreso, “en los que están editados unos números de cheques que fueron girados a los contratistas o proveedores, los cuales en su mayoría no coinciden con los extractos bancarios”.

De igual manera, se detectó el giro de un cheque a favor de Carlos Humberto Vásquez Lozano por seis millones de pesos y que al cruzar el número del cheque con los soportes respectivos y según extracto de julio, se dedujo que este fue cobrado por más de nueve millones 650 mil pesos, sin que existiera soporte del excedente.

Sin embrago, mediante consignación número 355 del Banco de Bogotá se reintegró tres millones 650 mil pesos, producto del excedente pagado, aunque este resarcimiento hace parte del ejercicio de auditoría y acción de la Contraloría, advierte el informe.

De otra parte, la Contraloría cuestionó el pago de 68 millones 500 mil pesos por concepto de acompañamiento de parejos, pues se encontró algo que llama la atención: algunas candidatas de las comunas eran preparadas y acompañadas en forma conjunta por varios parejos oficiales, como la señorita de la comuna Seis, que apareció asistida por seis parejos, y la Siete, que tuvo cinco.

“Se pudo establecer, en reunión con los 10 parejos, que a cada uno le adjudicaron dos candidatas, lo que no correspondería con lo pagado, pues inexplicablemente aparecen mayores valores. La vinculación para prestar servicios se hizo de forma verbal”.

“No solo fueron contratos informales, sino que a la vez tampoco están en el marco de la ley en el entendido de que al menos se debía soportar con los requisitos mínimos, entre ellos el pago de seguridad social, y que en ningún momento está soportado”, añade.

Así mismo, se halló que el comprobante de pago 4845 se pagó 26 millones 408 mil pesos, correspondientes al pago de una publicidad, de los que se encuentran una factura por valor de 16 millones de pesos sin orden de trabajo ni contrato de prestación de servicios.

En cuanto a la contabilidad, se hace referencia a que presentan deficiencias en los libros auxiliares y conciliaciones bancarias.

“En la conciliación bancaria de mayo se enuncia un número de cheque que no se encuentra cobrado, como el número 76, el cual, según los libros, está registrado por valor un millón 884 mil 240 y en la conciliación bancaria está 50 millones, lo cual refleja una incertidumbre en los registros contables”.

“Todas estas inconsistencias contables permiten conceptuar que la contabilidad del Festival Folclórico no es útil, completa y fidedigna”, agrega el documento.

Responsabilidad de Gómez

En la cláusula décima tercera del convenio 210 de 2013 se establece que las obligaciones del supervisor son “la vigilancia, el seguimiento y la verificación técnica, administrativa y contable de la ejecución y cumplimiento del convenio será ejercida por la Secretaría de Cultura, Turismo y comercio o quien haga sus veces”.

Para el órgano de control fiscal, la deficiente planeación de las actividades que requieren de una programación previa y concertada interinstitucionalmente, se vieron reflejados no solo en el desarrollo del 42° Festival Folclórico Colombiano: también, en los festivales de Música Sacra y el Iberoamericano de Teatro, pues no se hallaron las actas de discusión, análisis, concertación y aprobación de las actividades al interior de la Corporación y demás entidades que participaran en el proceso, lo que derivó en una improvisación y en no elaborar un plan de inversión.

Para la Contraloría las decisiones se centralizaron y como se advierte, conllevó a la pérdida del poder de participación de la representante legal de la Corporación, Bethy García, pues los recursos desembolsados del convenio fueron comprometidos y direccionados por la secretaria de Cultura, Ángela Viviana Gómez, o a través de su asesor, Édgar Bárcenas.

García refirió el pasado 1 y 2 de agosto que solo podían disponer de los 920 millones, 210 millones, más la adición de 450 millones, pues quien ordenaba las contrataciones era Gómez o Bárcenas, por eso “la Corporación se convirtió en oficina pagadora de estos recursos”, refiere la grabación de la exreina de la capital en declaraciones juramentadas.

“La falta de elaboración y presentación periódica de actas o informes de ejecución de las obligaciones, y en una serie de inconsistencias e irregularidades administrativas, contables y financieras avizoradas en la ejecución, asunción y legalización de los gastos que no han sido advertidos por la supervisora del contrato, demuestra omisión y negligencia en el cumplimiento de esas funciones asignadas, y, por el contrario, se observa la realización de funciones que no correspondían a la Secretaria de Cultura de acuerdo con lo manifestado en la mesa de trabajo por la representante legal de la Corporación. La decisión sobre la selección y contratación de la mayoría de los proveedores y prestadores de servicio la tomó directa e inconsultadamente la Secretaría de Cultura, desconociendo las facultades de dicho ejecutor del convenio 2010 de 2013 y del contrato 1549 de 2014, que emanen de las cláusulas pactadas en estos actos administrativos”.

Qué hacer

El informe detalla que la Corporación no cuenta con el suficiente talento humano requerido en términos cuantitativos y cualitativos, ni la capacidad operativa y administrativa para la ejecución de los recursos y el desarrollo eficaz de la agenda programada durante las festividades.

De igual forma, señala que no cuenta con un manual de procedimientos y de contratación que garantice al interior de la misma la correcta administración, planeación, custodia, gasto, manejo e inversión de los recursos girados en la celebración de los convenios con la Administración local.

De otra parte, expone que es clara la deficiente supervisión ejercida por la Secretaria de Cultura a los convenios suscritos, que “limita el desarrollo del principio transparencia, pues la inexistencia de las actas de supervisión y ejecución conlleva a que no sea debidamente verificable la ejecución de los recursos del Estado, lo que significa en el peor de los casos un posible detrimento patrimonial”, expresa la Contraloría.

Según el informe de auditoría, las conclusiones deben ser asumidas por la Administración municipal para los correctivos pertinentes, pues la entidad representa un riesgo inminente en el manejo de los recursos del erario público.

Para algunos concejales como Linda Esperanza Perdomo y Pedro Mora, las fiestas deben volver a ser administradas por la Alcaldía de Ibagué. Sin embargo, el presidente ejecutivo de la Corporación, Félix García Motta, ha advertido que esto acabaría con la ejecución del Festival Folclórico.

Por otro lado, y frente a los resultados arrojados en el informe de la Contraloría, el papel que cumplió la Administración en cabeza de Gómez es cuestionable, pues tuvo una importante participación en la contratación y, como se explicó, faltó a los principios de planeación, legalidad, economía, transparencia eficiencia y eficacia.

Contratos sin soportes no deberían

El contrato 1549 del 20 junio de 2014, por un valor de 126 millones de pesos, que conlleva el pago de sonido a nombre de Gloria Mercedes Londoño por 64 millones de pesos, el Día del Tamal, 35 millones, sin especificar a quien se pagará este concepto, y un video por 50 millones de quien también se desconoce el nombre del contratista, están sin los soportes que corrobore la contratación de estos servicios.

Según la Contraloría, aunque el contrato se encuentra debidamente legalizado y aún no han sido desembolsados los recursos; se podría incurrir en legalización de hechos ya cumplidos y que correspondería a una ejecución irregular con las implicaciones de tipo penal y disciplinarios que esto conlleva.

De igual manera, se advierte y se cuestiona el contrato 210 suscrito con la Policía Nacional, en el cual la Alcaldía se comprometía a cancelar 400 millones de pesos y la Corporación 20 millones más a la institución por concepto de transporte, combustible, alojamiento del personal extra que arribaron a la capital y cuyo plazo de ejecución era nueve días a partir de la suscripción del mismo.

El organismo de control señala que se evidencia una falta al principio de planeación, pues han pasado tres meses después de la ejecución del Festival y no ha sido legalizado e inclusive, no aparece numerado ni firmado por el ordenador del gasto, el secretario de Planeación, Juan Gabriel Triana.

La Contraloría no halló soportes ni actas de información que indicaran el perfeccionamiento, inicio y mucho menos su ejecución, por lo cual por sustracción de materia no puede ser ni objeto de investigación y tampoco cancelado por el incumplimiento de algunos de los requisitos legales.

“Considera que no es procedente el desembolso ni la ejecución de los recursos aludidos en el referido convenio, debido a la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos legales para su trámite y celebración, además que sería extemporáneo, ya que han transcurrido más de dos meses desde la culminación del Festival, lo que podría considerarse como legalización de hechos cumplidos”.

Y agrega: “No hubo planeación, puesto que no se previó el número de obligaciones descritas que era casi imposible ejecutarlas en los nueve días allí establecidos estando en contra de los principios de efectividad y transparencia”.