La Procuraduría Ambiental y Agraria solicitará al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito convocar al Comité de verificación del cual hace parte el Municipio a través de la Gestora Urbana, Ibal y la Dirección de Atención y prevención de Desastres, al igual que Cortolima y la Gobernación del Tolima para que se efectué seguimiento al fallo en segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima, que advertía de la protección de los cerros tutelares nororientales y noroccidentales de Ibagué.

De acuerdo con el Ministerio Público, desde el pasado 24 de abril de 2012 no se efectúa seguimiento al fallo que ordenaba el censo de las familias que habitan en zona de riesgo no mitigable, su reubicación, plazo que vencía el 24 de mayo de este año, y evitar la reubicación de más asentamientos ilegales y construcciones sobre áreas ubicadas desde el barrio Alaska hasta el barrio La Gaviota.

La decisión se debe a la queja formulada por Óscar Hernández Arana, quien alerta de la tala de árboles en zonas de montaña de los cerros nororientales que colinda con la comuna Seis y en donde se prevé la construcción de propiedad vertical, aparentemente, sin control.

“Con preocupación observo como día tras día se deteriora la montaña norte de la ciudad y las autoridades competentes no hacen nada objetivo y oportuno para evitarlo.

“La tala de árboles, tiene sus consecuencias en época de invierno, cuando se presenta remoción de tierra que se deposita en los cauces de las quebradas y se forman allí presas, que posteriormente se ‘revientan’ y producen las grandes avalanchas que podrían generar destrucción y muerte en su recorrido, especialmente en la parte plana, llámese barrios de las Comunas Dos, Seis y Siete”, refiere en su misiva.

Hernández Arana recuerda que por la erosión y remociones de tierra en los cerros noroccidentales, en 1995 la quebrada El Pañuelo se desbordó dejando cinco mil personas afectadas en los barriosSanta Cruz, Santa Bárbara, San Diego, 20 de Julio, Villa de los Alpes y Belencito, pertenecientes a la comuna Dos.

De la misma forma, recordó la tragedia ocurrida por la fractura de la represa de la cual se surte el barrio Ambalá, que en 1976 dejó lo que hoy se conoce como el barrio Entreríos, en un lodazal.

“Esta destrucción de la montaña en el corto plazo tendrá un impacto social bastante grave, ya que allí nacen varias quebradas que abastecen de agua a más de 50 mil personas con lo que se estaría condenando desde ya a estos ciudadanos a no contar con este preciado líquido en el corto y mediano plazo”, señaló Hernández.

El fallo del Tribunal Administrativo ordenaba al Municipio, Cortolima, Gobernación del Tolima, Dirección General de Atención y Prevención de Desastres a realizar en un término de seis meses gestiones administrativas, presupuestales, técnicas y operacionales para la protección de los cerros nororientales y noroccidentales.

Prohibe la tala de árboles y la explotación de minerales ilegales y ordena la reforestación, limpieza, mantenimiento y control de las microcuencas de las cárcavas existentes en los cerros.