“En estos casos la jurisprudencia del Consejo de Estado ha cambiado y nos dice que no se puede reconocer este tipo de servicios, está en proceso judicial y si el juzgado nos ordena pagar, pues deberemos cancelar lo que pide la empresa”, señaló la asesora jurídica del Municipio, Sandra Maritza Gómez.

La demanda hace parte de las labores ejecutadas por la empresa, sin que al parecer, se cumpliera con el lleno total de los requisitos contractuales exigidos por Ley.