El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo pretende jugársela con la aprobación del estatuto de valorización que es un riesgo político para la Administración, pues le tocará el bolsillo ya golpeado por la crisis económica a los ibaguereños y cuya credibilidad en el Gobierno viene en pique desde 2013.

Pero Jaramillo quiere asegurar los recursos para obras que actualmente no tienen financiación como la implementación del Sistema Estratégico de Transporte que prevé la construcción de seis nuevas vías y tres intersecciones viales, entre otros compromisos que comprometerían recursos superiores a los 100 mil millones de pesos.

Por ello, el secretario de Hacienda, Juan Vicente Espinosa Reyes, en un intento por desmitificar el proyecto -que recoge los estudios realizados por la administración de Luis H. Rodríguez- aclaró que una vez sea discutida y aprobada la iniciativa por el Concejo, no significa que los ibaguereños tendrán que pagar el gravamen inmediatamente.

De acuerdo con el funcionario, el estatuto fijará las reglas de cómo se efectuará el cobro y quiénes o qué bienes quedarán exentos del gravamen. Según Espinosa el proyecto no incluirá las obras a desarrollar que serán financiadas con la contribución.

La garantía, según el funcionario, es que cada proyecto que pretenda ser financiado con el impuesto, deberá volver al Concejo, que en últimas aprobará la forma de cobro y pago, general o sectorizado.

Pero la propuesta de Jaramillo es que los ibaguereños solo entren a pagar dicha contribución una vez estén completamente terminadas las obras. Según Espinosa, los estudios que pagó el Municipio entre 2012 y 2013 recogen tres opciones para el cobro, pero “el contribuyente por el bajo nivel de credibilidad que nos dejaron las administraciones anteriores, hoy en día no estaría dispuesto a pagar una contribución si las obras se desarrollan en tres o cuatro años a futuro”.

“El alcalde ha dicho ‘nosotros queremos hacer obras pero después de terminadas que el contribuyente de manera gustosa, agradable y contributiva por la ciudad pague la valorización’”, puntualizó Espinosa.

¿Y cómo financiar el costo de los proyectos si el municipio tiene una obligación de 97 mil 365 millones que lo deja prácticamente sin flujo de caja?.

Según el vocero, la opción de la contribución por valorización es viable en la medida en que el constructor asuma todos los costos y una vez sea entregada la obra, el Municipio pagará el porcentaje correspondiente a la misma.

“Como las obras no se terminan el mismo día, sino que se hacen por tramos, por ejemplo si se va hacer el puente de la calle 60 con carrera Quinta terminado el primer trayecto, se cobrará a los contribuyentes, en la medida en que se vayan entregando las obras parciales vamos recaudando y cuando el empresario termine la obra ya estarán los dineros con qué pagarles”, indicó el vocero de Hacienda.

No obstante, será resorte de cada Alcalde definir en cada proyecto cómo implementará el estatuto y el mecanismo para cobrar la valorización que deberá tener en cuenta el uso del suelo, la edificabilidad del terreno y la estratificación para que la nueva valorización no ahonde en inequidad.

Otros proyectos de interés 

El secretario de Hacienda, Juan Vicente Espinosa, deberá liderar la aprobación de la reestructuración de la deuda y la aprobación del nuevo empréstito, proyectos que serán radicados el 4 de abril cuando reinicien las extraordinarias en el Concejo.

De acuerdo con Espinosa a petición del cabildo se está a la espera que el Ministerio de Hacienda certifique que las finanzas del Municipio siguen aún siendo saludables para sopesar el nuevo empréstito y que no se requiere autorización del mismo para la reestructuración de la deuda.

Según Espinosa, la reestructuración de la obligación permitirá liberar capital, extender el plazo a 10 años para su amortización y bajar la tasa de interés del DTF en un 1.25 por ciento. En dinero, representaría un ahorro anual de 800 millones de pesos y en el cuatrienio de cuatro mil millones.

Insistir en la unificación de la USI

Espinosa aseveró que se volverá a radicar el proyecto por el cual se unifica o se liquida la USI y el San Francisco. De acuerdo con el estudio se contemplan tres opciones, la fusión de los dos entes, la liquidación de ambas entidades y la creación de una nueva empresa prestadora de salud y, por último, la liquidación de una de ellas y la que quede asumiría la funciones sin interrumpir el servicio.

Sobre esta última, la Administración prevé afianzar ya que el estudio prevé la liquidación del hospital San Francisco, pues la situación financiera es más delicada que la de la USI.

No obstante, la USI deberá adquirir los activos del hospital San Francisco, dineros que servirán para saldar las deudas contraídas con los acreedores.