El Municipio llevará a la Fiscalía y demás organismos de control el convenio suscrito en 2013 y renovado en 2014 entre la Alcaldía, la Universidad Manuela Beltrán (UMB) y la empresa Cemex celebrado en la administración de Luis H. Rodríguez.

El objeto del acuerdo era crear una alianza para brindar capacitación con el fin de generar una mayor competitividad de la operación minera y el transporte de cemento y sus derivados. Los beneficiarios serían los conductores y personal que opera en la planta de la empresa Cemex.

El Municipio y la Universidad Manuela Beltrán acordaron la creación de la Unión Temporal Alianza por la Competitividad de la Operación Minera y El Transporte de sus Derivados. A esta debían ser girados los recursos que el Ministerio de Educación entregaría por valor de 539 millones de pesos.

Así mismo, los 195 millones 600 mil pesos de la Universidad Manuela Beltrán, 50 millones aportados por Cemex y los 40 millones del Municipio. Pero se resalta que en el convenio no se dejó pactado el número de cuenta donde debían ser consignados los recursos.

No obstante, se estableció la cláusula de confidencialidad por el término del convenio, que en principio sería hasta 2014, y por tres años posteriores a la suscripción del mismo. Pero en acta modificatoria de junio de la misma vigencia, el representante legal de la Universidad, actual gobernador de Caldas, Guido Echeverry y el Municipio, optaron por que la Unión Temporal tendría vigencia hasta 2019.

Según el secretario de Hacienda, Juan Espinosa a la fecha la Administración desconocía del convenio y que el Municipio hiciera parte de una Unión Temporal, que en principio, debía haber sido autorizada por el Concejo.

Espinosa afirmó que tuvo conocimiento del mismo ya que un funcionario de la alma máter llegó a su despacho a pedir autorización para efectuar otra modificación a la unión temporal.

Según el funcionario, existirían otras presuntas irregularidades, puesto que el programa no hacía parte del Plan de Desarrollo municipal 2012 - 2015, además, no contó con certificado de disponibilidad presupuestal por parte del Municipio y no se desarrollaría en Ibagué sino en otros municipios del Tolima como consta en el acta de constitución.

“El objeto de la Unión Temporal consiste en la ejecución de la propuesta para el fortalecimiento de la educación técnica y profesional para los sectores: Infraestructura de Transporte, Vivienda y Ciudades amables, Desarrollo minero y expansión minero energética en los municipios de Piojo, San Cayetano y Suárez de los departamentos del Atlántico, Norte de Santander y Tolima en el marco del fondo concursable para la conformación de alianzas estratégicas para el fortalecimiento de la educación superior en sus niveles técnico profesional y tecnólogo del Ministerio de Educación”, refiere el acta.

Por otro lado, es de destacar que el mismo convenio establecía que la duración del mismo sería acorde al Plan de Desarrollo del Tolima vigencia 2014.

Los responsables

Quienes suscribieron el convenio en su momento fue el director de Contratación, Jaime Daniel Salazar en calidad de ordenador del gasto y posteriormente la representación fue asumida por el secretario de Educación, Diego Guzmán.

El convenio no estableció quién efectuaría la supervisión del mismo pero estaría bajo responsabilidad de la Secretaría de Educación.

Es de resaltar que Salazar decidió salir del país en julio de 2015 a pocos meses de terminar el polémico Gobierno de Luis H. Rodríguez. Tras cuatro meses de ausencia absoluta de la Alcaldía, a través de un video colgado en la red, el exdirector afirmó haber estado en Melbourne, Australia, realizando un curso de inglés.

“Este viaje fue una meta personal, un proyecto de vida, porque mi oficio y mi trabajo no están circunscritos exclusivamente a la ciudad de Ibagué (…) En mi opinión a los ibaguereños nos hace falta hablar más inglés y menos del otro”, dijo.

El exdirector de Contratación, partió del país en el momento en que la Fiscalía General adelantaba las primeras investigaciones por el descalabro de los Juegos Nacionales, lo que despertó suspicacias entre la opinión pública.

Aunque a través del videoclip, Salazar afirmó que no demoraría en su regreso al país para dar las explicaciones correspondientes a las autoridades, se desconoce de su arribo a Colombia.