El informe destaca que desde el 2013 a la fecha se ha producido un notorio incremento en el pago de sanciones a la Superservicios, por la aplicación del silencio administrativo positivo, situación que afecta el presupuesto de la empresa.

Según las cuentas, para el 2013 se generó una sanción de 30 millones 971 mil pesos; en el 2014 de 34 millones 610 mil; en 2015 de 184 millones 179 mil, y para esta vigencia una por valor de 329 millones 105 mil pesos.

El total de recursos comprometidos fue de 574 millones 241 mil pesos, pero con intereses moratorios de cuatro millones 625 mil pesos asciende a los 578 millones 867 mil pesos.

Según la Personería, de ser probado el detrimento generado en estos cuatro años, se configuraría como falta gravísima para los funcionarios responsables de conformidad con el Código Único Disciplinario.

El gerente del Ibal, José Alberto Girón, indicó en febrero que pediría a la Superservicios la nulidad de una sanción efectiva por 295 millones de pesos, ya que a pesar de que se tenían las pruebas para desvirtuar las imputaciones por sobrevaloración en la facturación (2009 - 2012), la falta de micromedición y la discontinuidad en el servicio la empresa no tuvo una defensa jurídica adecuada para el 2013 y 2014.