Fue expedido el decreto 003 del 3 de enero por medio del cual se delega la ordenación del gasto en seis secretarías: Administrativa, Planeación, Infraestructura, Educación, Salud y Apoyo a la Gestión, que asumirían la inversión, celebración de contratos y convenios que permitan el funcionamiento de la Administración.

La Secretaría Administrativa proyectaría la contratación de Hacienda, Tránsito y la Oficina Jurídica. Y continuaría con el pago a los funcionarios de planta, pensionados y los servicios públicos de la sede central.

Por su parte, Planeación asumirá la responsabilidad en Rural, Bienestar Social, Cultura y Gobierno. Infraestructura, Salud y Educación proyectarán los contratos y la inversión en cada una de sus dependencias.

La secretaria Administrativa, Yénnifer Parra, argumentó que este cambio obedece a una decisión de dar mayor agilidad a los procesos y delegar mayor responsabilidad en los secretarios de despacho.

Y agregó que la Dirección de Contratación pasaría a prestar un apoyo, ya que los contratos se tramitarían en las mismas secretarías y solo efectuará una revisión a los procesos.

Recalcó que “la delegación del gasto no exime de responsabilidad al delegante. El Jefe lo tiene muy claro”, dijo.

Por otra parte, Apoyo a la Gestión en cabeza de María Fernanda Martínez pasaría a asumir lo correspondiente al despacho del Alcalde y la Dirección de Comunicaciones.

Indecisión

Sin embargo, se conoció de manera extraoficial que pese a que el decreto fue expedido y publicado en la gaceta oficial, el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo prevé hacer una nueva modificación al decreto.

La abogada María Norby Portela, asesora de cabecera de Jaramillo, tendría en su poder el documento que devolvería la facultad para contratar toda la inversión del Municipio en Martínez y dejaría solo la vinculación de personal a las secretarías.

Esta acción podría reflejar el respaldo del Mandatario a la funcionaria que durante el año anterior recibió duras críticas por el retraso en la ejecución presupuestal y ralentización de los procesos.

Además de la polémica suscitada por el contrato para el alumbrado navideño, que es objeto de investigación por parte de la Fiscalía y que Martínez lideró.

Pero, por otra parte, enviaría un mensaje de clara indecisión a los contradictores del Gobierno municipal ya que no es la primera vez que el Alcalde ‘echa para atrás’ una decisión como ocurrió con del decreto expedido en junio del año pasado, donde delegaba por 90 días la contratación en la Secretaría Administrativa y la Oficina Jurídica.

El documento detallaba cómo en los Consejos de Gobierno se evidenciaba de manera reiterada la acumulación de trabajo en Apoyo a la Gestión y la Oficina de Contratación, lo que producía un considerable atraso en la ejecución de los proyectos, planes y programas diseñados para la vigencia fiscal.

Sin embargo, al hacerse pública esta información Jaramillo reversó la decisión. La misma Dirección de Control Interno envió comunicación alertando del letargo en la ejecución presupuestal.

Cabe resaltar los decretos de prohibición del expendio de pólvora y la extensión de pico y placa para toda la ciudad, lo cual generó confusión en la ciudadanía y críticas de algunos empresarios y de diversos sectores de la opinión pública.

Dato

De mantenerse incólume el decreto 003 del  3 de enero el Alcalde continuaría con su función de aprobar el gasto a los entes de control.