El Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué sentenció ayer a 36 años y cuatro meses de prisión al abogado Orlando Arciniegas Lagos por los sobornos percibidos para direccionar el contrato 237 por 11 mil 500 millones de pesos a favor de Técnicas y Proyectos (Typsa).

El confeso criminal fue inhabilitado por 20 años para ejercer derechos y funciones públicas al ser hallado responsable y aceptar la comisión de los delitos de peculado por apropiación agravada, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, concusión, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. Así mismo fue inhabilitado de por vida para postularse a cargos de elección popular y contratar con el Estado.

El Juez determinó que Arciniegas se apropió ilegalmente de mil 440 millones 96 mil pesos producto del anticipo del contrato 237 para formular los estudios y diseños de los escenarios deportivos nacionales.

Recordó que estos dineros pretendían ser legalizados a través de las empresa Adminautos E.U., Asesores SPD y Grupo Dan S.A.S en propiedad de los testaferros Amaury Elías Blanquicet Pretelt y Wílmer Manchola Cano.

Precisó que Gloria Inés Martínez Acevedo, según informe de la Cifin, central de información de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), reportó que para 2013 y 2014 tuvo un incremento injustificado en su patrimonio.

Las nuevas aristas

Sin embargo, el Juez compulsó copias para que la Fiscalía investigue la conducta de Luis H. Rodríguez, ya sea por comisión u omisión en la triangulación de los dineros del contrato de diseños.

Según el Magistrado, este caso demanda un reto y esfuerzo por parte de la Fiscalía “ya que con asombro se consolidan frases como todo ocurrió a mis espaldas y que exige un análisis desde la tipicidad funcional de quienes son garantes del erario público, específicamente los alcaldes municipales, pues no es posible que se hagan estos comportamientos y que teniendo la posibilidad de advertirlos se esté frente a un mutismo total u total inacción como lo hiciera el entonces Alcalde municipal”, señaló el juez.

Y agregó: “No se puede abandonar el criterio que el alcalde municipal ostenta la posición de garante de los bienes públicos y cualquier irregularidad se puede imputar a título de comisión por omisión, así lo ha entendido la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”.

Por otra parte, el exgerente del Imdri, Carlos Heberto Ángel dijo a la Fiscalía que “Orlando Arciniegas Lagos hacía lo que quería (...) y siempre decía que ya todo estaba hablado con el alcalde Luis H. Rodríguez”.

Así mismo que “se realizó una reunión en la residencia del alcalde Luis Hernando Rodríguez junto a Orlando Arciniegas Lagos, Mauricio Campos del Cairo, Leonardo Valero, Oswaldo Mestre y el suscrito y donde se determinó un valor de 11 mil 500 millones de pesos para el proyecto de los escenarios deportivos”.

Según Ángel, fue Arciniegas quien siempre tomó la vocería e “informaba que había personas interesadas en el contrato y que estaban ofreciendo cosas, que el contrato tenía ese valor y que le daban el cuatro por ciento, según Orlando Arciniegas un dos por ciento para Luis H. y el otro dos por ciento para todos los que estábamos en la reunión”.

Así mismo indicó que una vez el comité evaluador adjudicó el contrato, “Valero textualmente le dijo ‘esa plata ya se la dieron al gordo’ refiriéndose al dinero prometido del dos por ciento y que igual situación había ocurrido con los contratos de ejecución, no obstante (Ángel) resalta no recibió dinero por eso”.

El Juez Primero Penal Especializado citó de igual manera lo expuesto por Blanquicet Pretelt, quien relató a la Fiscalía que Arciniegas le había asegurado que había llegado a un acuerdo con el alcalde Luis H. Rodríguez que consistía en actuar libremente y con suficiente poder para adelantar este tipo de contratos grandes, de los cuales Luis H. no quería saber nada, pero al final se le retribuiría con el 20% de todo lo que se pudiera recaudar de las entidades como el Imdri y el Ibal.

Privilegios

Según expuso el Juez, Arciniegas quien se encuentra recluido en el Instituto Nervioso de Risaralda, por supuestos intentos de suicidio y padecer de apnea del sueño, puede recibir su tratamiento en un centro de reclusión formal. Así mismo denuncia que a diario recibe visitas teniendo un trato diferencial y privilegiado por parte del Inpec.

Según el togado, en informe practicado el 10 de febrero por el CTI de la Fiscalía se refirió que tras indagar con la enfermera se verificó que “el señor Orlando Arciniegas se encontraba en la habitación número siete de dicho lugar, en donde permanecía bajo custodia del personal del Inpec y que también dicho paciente recibía todos los días visita, pero que no contaban con control de las personas que entraban a visitarlo”.

“En esas condiciones se puede advertir que el sentenciado no debe estar en ese centro médico, pues el dictamen oficial establece lo contrario y si requiere tratamiento médico, será por intermedio del Inpec que según el informe presenta un trato diferenciado, pues se le permite visita todos los días de personas. Se conmina a los entes de control para que este asunto no se convierta en otro conocido caso a nivel nacional que por tener un insomnio y después de ser un confeso criminal y haberse apoderado de múltiples dineros en la capital de la república le fuera concedida la gracia de la prisión domiciliaria”, relató el Juez.

Así mismo, se compulsó copias a la Superintendencia de Salud para que se investigue el accionar del Instituto, porque no solo se está actuando contra la claridad del dictamen pericial, sino que en detrimento en muchos de los internos de las cárceles de Colombia que tienen que instaurar hasta incidentes de desacato para obtener una cita médica.

La jefe Jurídica, Gladys Gutiérrez, precisó que ya se pidió a la Fiscalía establecer quiénes tuvieron acceso a Arciniegas en su estadía en el centro médico.

Empresarios de España estaban al tanto de la situación

Cuatro correos que entregó Luis Rodrigo Uribe Arbeláez a la Fiscalía confirman que voceros de la empresa en España conocían del pago de dádivas en favor de adjudicarse el contrato de diseños.

El primero es con fecha del 9 de noviembre de 2013 en donde el exgerente del Typsa, Luis Rodrigo Uribe Arbeláez, indica a Manuel Bernabé Martín, Salvador Fernández Fenollera y José Luis Arévalo Segovia “que son los únicos que se han presentado al proceso de Ibagué y eso aumenta sus posibilidades en un 95 por ciento” de adjudicarse el contrato.

Así mismo, indica que “le dan un anticipo de tres mil millones de pesos de la cual habrá que pagar una parte importante en “asesorías”, pero les queda un poco más de cuatro mil euros para comenzar a trabajar”.

El otro e-mail es con fecha del 10 de noviembre de 2013 en el cual Arévalo Segovia, indica a Uribe Arbeláez, Manuel Bernabé y Salvador Fernández su preocupación debido al costo de las “asesorías” que deben ser pagadas con recursos del anticipo y que por ello deberían ser canceladas de forma escalonada.

Así mismo, en una nueva comunicación electrónica del 14 de noviembre, Uribe Arbeláez informa a José Luis Arévalo y Jorge Orlando Navarrete Laverde que la adjudicación fue por 11 mil 500 millones de pesos IVA incluido y que el pago de las “asesorías “correspondería a mil 776 millones y que del 30 por ciento, menos retenciones, quedarían dos mil 617 millones de pesos para iniciar la elaboración de los diseños.

Uribe hizo énfasis en que todas las actividades desarrolladas fueron comunicadas a su superior José Luis Arévalo, quien adelantó el proyecto.

Favores

Según el exgerente de Typsa, Arciniegas le exigió otros favores en la ejecución del proyecto. Entre estos “emitir un concepto para el velódromo y sobre el establecimiento donde se practicaban la artes marciales” Así mismo que “los constructores del Parque Deportivo señores Juan Ramón Hernández, Jaime Rivera y Juan Carlos Múnera fueron a su despacho de parte de Orlando Arciniegas donde le propusieron que cambiara la estructura de hormigón por estructura metálica, ya que al parecer alguien de ellos tenía una fábrica de este tipo de estructuras. Decía, que los constructores habían tratado de pasar al Imdri unas cuentas de peso mucho más costosas de lo que marca el mercado para sacar más provecho y dinero del Imdri”, dijo el Juez.

Dato

Orlando Arciniegas incumplió con la reparación propuesta a las víctimas que consistía en la entrega de un apartamento en el barrio La Pola y sus oficinas en la calle 11 con carrera Cuarta. El Juez Primero Penal Especializado destacó que ese fue otro de los “actos mentirosos que acompañaron al proceso”.