Entregan alimentos en mal estado en instituciones del sector rural

SUMINISTRADA - EL NUEVO DÍA
A casi dos meses de haberse suscrito el contrato para la alimentación escolar con la Asociación de Bachilleres de la Comunidad Parroquial San Nicolás de Tolentino por $3.900 millones ya se conocen las primeras denuncias con respecto a la calidad de los alimentos que están siendo distribuidos en las escuelas del sector rural.

Así lo informó y corroboró el personero de Ibagué, Juan Felipe Arbeláez quien expuso que el operador hace entrega de alimentos en estado de sobremadurez a los menores de las instituciones educativas del sector rural.

“Estamos adelantando unas visitas en las instituciones educativas en donde se entrega desayuno escolar y donde se entregan los mercados para su preparación.

“En ambas situaciones hemos encontrado deficiencias, no hay que ser ingeniero en alimentos ni conocer a fondo el tema de nutrición para saber que lo que se está entregando presenta deficiencias”, dijo Arbeláez.

Uno de los casos que pudo corroborarse fue en la institución educativa San Francisco (fotos), sector Cural - La Tigrera.

Pero al panorama se suma la difícil situación en las que laboran las manipuladoras de alimentos.

“A las manipuladoras de alimentos se les está pagando 60 pesos por desayuno y a ellas se les está vulnerando sus derechos laborales porque según lo manifestado trabajan desde las 6 a.m. hasta las 3 p.m., por más o menos 200 mil pesos la quincena”, agregó el vocero del Ministerio Público.

Arbeláez no descartó la responsabilidad del Municipio porque hasta el momento se desconocen los términos del convenio firmado entre la Secretaría de Educación de Ibagué, el operador y la Bolsa Mercantil que sirvió como intermediario.

Sin embargo, argumenta que la supervisión que debe ejercer la entidad pública debe ser estricta y más cuando compromete el bienestar de los menores.

Contratista cuestionado

La Asociación de Bachilleres de la Comunidad Parroquial San Nicolás de Tolentino es originaria de Barranquilla. Su representante legal es Juan David Camacho Mahecha.

La Contraloría General de Santander abrió proceso de responsabilidad fiscal contra la asociación en febrero de este año por presunto daño patrimonial al corroborarse que se entregaron raciones alimentarias a alumnos que no estuvieron matriculados en debida forma y registrados en el Simat en tiempo, con duplicidad en sus registros y no hay evidencia de que su asistencia se haya dado por todo el tiempo del calendario escolar en que se ejecutó el contrato (vigencia 2014).

Por otro lado, la fundación ha prestado sus servicios a entidades territoriales como Caldas, Montería, Cereté, y otros municipios de la Costa Atlántica donde se han denunciado algunas irregularidades en la conformación de uniones temporales.

Dato

La secretaria de Educación, Tatiana Aguilar aunque conoció de la denuncia, no respondió a las llamadas de esta redacción. 

Credito
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