Un perjuicio de más de 15 mil 706 millones de pesos determinó la Contraloría de Ibagué en informe de auditoría a la Alcaldía de Ibagué para la vigencia 2016.

De este valor, al menos 10 mil 32 millones sería el presunto detrimento causado por esta administración en la firma de más de 16 convenios y contratos con diferentes ONG y entidades entre las que se destacan Findeter, Fonade, Ejército y la Corporación Festival Folclórico, entre otras.

El valor restante, es decir, cinco mil 724 millones de pesos, corresponde a la prescripción y la no liquidación y amortización de anticipos desde 2012 a 2016.

No obstante, la Contraloría municipal de Ibagué, resalta que en el primer año de gobierno de Jaramillo se han venido incumpliendo en un gran número de contratos los principios de planeación, eficacia, eficiencia y economía de la ley 80.

El vocero de la cartera, Diego Visash, indicó que el casi 70 por ciento de los contratos analizados fueron celebrados de forma directa y evadiendo la ley de contratación denotando una “subcontratación, falta de idoneidad, experticia y experiencia por parte del asociado”.

“Tenemos un tema donde lamentablemente la Alcaldía de Ibagué y el Ejército cometieron un error en la suscripción de convenios y fue colocar un tema de mantenimiento y honorarios cuando es claro que dentro de los convenios se prohíbe el pago de salarios o retribución alguna por las partes”, indicó el funcionario.

Visash recalcó que dentro del informe y el total de los hallazgos fiscales que suman 49 se destaca la contratación de OPS, sin que se cumpliera el objeto contractual y comprometiendo vigencias futuras.

Por último, expresó que los resultados de la auditoría son en función del marco normativo y no se trata de un ataque político al alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo.

“Quiero dejar claro que no es una persecución contra el señor Alcalde, simplemente por mandato constitucional debemos defender los recursos públicos y atender las denuncias de funcionarios, sindicalistas, veedores y la comunidad en general”, concluyó.

Convenio 01 Findeter

La Alcaldía y la financiera territorial Findeter firmaron un convenio por $696 millones, cuyo propósito era contratar la consultoría para realizar los estudios de cambio climático y desarrollo del municipio en el marco del programa Ciudades Sostenibles.

El órgano de control fiscal estableció que el convenio fue utilizado para tercerizar la contratación, pues la Alcaldía pagó en honorarios de asistencia técnica prestada por Findeter $396 millones, y solo $300 millones fueron destinados a la contratación de la consultoría. Dichos recursos se aunarían con $465 millones conseguidos por Findeter con la Agencia Francesa de Desarrollo.

Para la Contraloría y según el artículo 355 de la Constitución le estaría prohibido a la administración pagar por concepto de honorarios y también para cofinanciar la contratación de la firma consultora, pues la corporación (Findeter) actuó sólo como un intermediario y no puede haber una contraprestación de intereses, ni en los convenios puede existir cualquier clase de remuneración de acuerdo al decreto 777 de 1992.

Contrato 2174 Fonade

La Alcaldía suscribió el contrato interadministrativo 2174 de 2016, cuyo propósito era realizar la entrega de los premios del concurso Ibagué Emprende por 464 millones de pesos.

Según la Contraloría, la administración contrató de forma directa con Fonade sin realizar el respectivo estudio de mercado o análisis económico, para determinar si esta opción era más favorable, además de ser un fondo privado y no una entidad pública, para lo cual, la administración no debió celebrar un contrato interadministrativo.

Por otro lado, el contrato se elaboró para que Fonade se beneficiara por el servicio de realizar la gerencia, pero no se halló informes técnicos ni financieros que contengan de forma detallada la relación de los dineros que se entregaron, premios o documentos equivalentes. No obstante, el contrato no ha sido liquidado.

Convenio Festival Folclórico

Hallazgo fiscal: $800 millones

La Alcaldía de Ibagué firmó con la Corporación festival Folclórico el convenio 1918 que entre sus actividades incluía el alumbrado navideño. El contrato ascendió a los mil 691 millones de pesos y de los cuales se ha girado 800 millones 460 mil pesos objeto del presunto detrimento.

Según la Contraloría, fueron adecuados los requisitos de experiencia general y específica del convenio, ya que el objeto social de la corporación no cumplía con requisitos de idoneidad y esta no tenía ninguna experiencia en alumbrados decembrinos.

También que el convenio se elaboró para poder eludir la modalidad de licitación, ya que por ser de mayor cuantía no le era viable al Municipio celebrar un convenio de asociación.

Aunado a lo anterior, se estableció que el convenio no perseguía ningún interés público, pues no hubo asociación, sino que la corporación Festival Folclórico Colombiano, actuó como intermediaria en la adquisición de los bienes y servicios que necesitaba el Municipio, actuación que no podía entenderse como una unión de esfuerzos para alcanzar fines compartidos.

Convenios Ejército

Hallazgo fiscales: $363 millones

 La Administración suscribió dos convenios interadministrativos con el Ejército para el mantenimiento correctivo y preventivo de la maquinaria adscrita a la Secretaría de Infraestructura y para el mejoramiento y la pavimentación de vías en Ibagué.

En el primero de los casos, la Contraloría precisó que no se verificó si dentro de las funciones del Ejército, estaba la de prestar mantenimiento a vehículos de otras entidades estatales, encontrándose que no tendría la idoneidad para desempeñar las funciones convenidas.

Así mismo, el convenio fue diseñado para que el Ejército recibiera una remuneración económica del 11% por desgaste y reparación de maquinaria y en costos indirectos para un total de $122 millones 892 mil equivalente al detrimento.

Por otro lado, en la ejecución del contrato para arreglo y mantenimiento de vías se reconoció una remuneración por $240 millones 364 mil.

En ambos contratos, la Contraloría de Ibagué manifestó que se eludió las normas generales de contratación que disponen por regla general la selección del contratista a través de licitación pública.

Convenios con Infotic

Hallazgo fiscales: $508 millones.

 A través de las secretarías de Tránsito y Educación de Ibagué se suscribieron el convenio 1404 y el contrato interadministrativo 1114 por valor de 507 millones 900 mil pesos.

En el caso de Tránsito, la Contraloría estableció que no es un negocio jurídico de colaboración mutua, sino un contrato de arrendamiento de un software, que evadió la licitación pública, resultando beneficiado solo al contratista. Sin embargo, el soporte técnico y adecuación del sistema lo ejecuta Innovatrans, lo cual ha llevado a que toda la información que maneja el organismo sea manipulada por personas externas y esté expuesta a un inadecuado uso.

La auditoría concluye que hubo falta de planeación por la Secretaría de Tránsito al momento de cambiar de software y migrar la información, se incumplió con las pruebas pilotos para determinar la idoneidad del software, no se garantiza la seguridad en el registro, acceso, almacenamiento e integridad de la información, y no permite auditar y controlar la información registrada por los usuarios al sistema. Además no existe la interoperabilidad con los sistemas del Runt y Simit.

El detrimento asciende a los 368 millones 400 mil pesos por la mala planeación, evadir la modalidad contractual, y por falta de un efectivo control y seguimiento a la ejecución del contrato por parte de la Administración Central y el Supervisor.

En cuanto a la Secretaría de Educación municipal, se concluyó que “el software en ningún momento evidencia los resultados que este pretendía, además si se tiene en cuenta que el periodo de ejecución inició en agosto cuando el año escolar inicia en febrero, razón por la cual los datos contenidos no permiten evaluar el rendimiento de las instituciones educativas, alumnos y docentes, lo que permite establecer una falta de planeación”, concluye la Contraloría.

Cifra

10 de los 79 hallazgos fueron tipificados con alcance penal en auditoría a la Alcaldía de Ibagué en 2016.