El Juez Quinto Penal del Circuito avaló la petición del representante de Víctimas en el caso del descalabro de los XX Juegos Nacionales, para que Typsa sea vinculada como parte civilmente responsable por la conducta de delitos contra la administración pública.

Lo anterior, por el modus operandi con que actuó para beneficiarse de manera irregular del contrato 237 de estudios y diseños y que comprometió los $11 mil 500 millones.

El Juzgado acogió la petición del abogado representante de Víctimas, Rodolfo Salas, quien argumentó que con base en el artículo 34 de la ley 1474, las entidades estatales perjudicadas en delitos contra la administración pública y que afecten su patrimonio, podrán pedir la vinculación de las personas jurídicas que hayan participado en la comisión de estas conductas ilícitas.

La Procuraduría coadyuvó en la petición y el Juzgado fijó fecha de audiencia para el próximo 19 de octubre a las 3:30 p.m.

Typsa es vinculada al proceso de reparación integral que se sigue contra el exgerente del Imdri, Carlos Heberto Ángel, quien se benefició de 450 millones de pesos del contrato 237 y fue sentenciado a 12 años de prisión.

Salas informó que en los procesos donde ya existe condena en firme como en los casos de Wílmer Manchola y Amaury Blanquicet, solicitará al juez penal correspondiente sea vinculada Typsa para que se declare su responsabilidad en cada caso y de forma posterior con su patrimonio resarza los perjuicios ocasionados al Estado.

Tras los directivos de Typsa en España

El abogado representante de Víctimas, Rodolfo Salas, indicó que en el marco del proceso se solicitará que se avale como prueba los testimonios rendidos por el exgerente de Typsa, Luis Rodrigo Arbeláez, a la Fiscalía, quien hizo relación de cuatro correos electrónicos compartidos con sus superiores en España sobre el pago de las “asesorías” a favor de exfuncionarios de la administración anterior.

Los directivos de Typsa que aparecen en los correos son: José Luis Arévalo Segovia, director general Adjunto de Exterior; Salvador Fernández Fenollera, director de la división de Arquitectura y Desarrollo Urbano, y Manuel Bernabé Martín, un veterano arquitecto vinculado al área de proyectos de la empresa española.

Salas añadió que es muy posible que la defensa intente enrostrar que la culpabilidad es de Luis Rodrigo Uribe Arbeláez y que de las conductas ilícitas desconocía la multinacional.

Es de resaltar que el pago de dichas “asesorías” ascendieron a los mil 776 millones de pesos y de las cuales el mayor beneficiario fue el abogado Orlando Arciniegas, condenado a 36 años de prisión.

El abogado afirmó que es muy posible que el Juez compulse copias para que se investigue penalmente las conductas de los directivos mencionados, pero la Fiscalía 22 seccional ya adelanta indagación sobre el tema.

De igual manera, Salas agregó que espera que este mismo proceder se efectúe con las otras dos empresas españolas: Vera Construcciones y Ortiz Construciones, vinculadas a las obras del Parque Deportivo y la calle 42, pero una vez la Fiscalía avance en las investigaciones de los contratos de obra.