Han pasado dos años desde que Luis H. Rodríguez, detenido por las obras fallidas de los XX Juegos Nacionales, dejó la administración, y aún quedan problemas por resolver, al menos en lo fiscal y disciplinario.

La Contraloría municipal, en atención a las denuncias formuladas por la Red de Veedurías del Tolima (Revisar), frente a la ejecución de los trabajos para la optimización del acueducto Acuaboquerón, llevó a cabo auditoría al contrato 2401 de 2013 suscrito entre el Municipio y el consorcio Constrico.

Este proceso, no ha sido liquidado, pese a haber sido entregadas y recibidas a satisfacción tanto por el Municipio y Acuaboquerón en 2015.

Aunque la Contraloría advierte que este hecho haría imposible constitucional y legalmente el ejercicio de control fiscal, también, lo es que las obras ya se ejecutaron y se entregaron a satisfacción al Municipio y por obvias razones el plazo de ejecución ya expiró.

Además, del hecho solo se adeudan 197 millones 902 mil pesos en favor del consorcio ejecutor de la obra.

La Contraloría estableció hallazgo fiscal, configurándose un posible detrimento por mil 625 millones 133 mil pesos. El contrato inicial contemplaba una inversión inicial de mil 863 millones de pesos, pero se adicionó dinero en dos oportunidades superando el 87%.

Según el órgano de control fiscal, “los errores en la etapa precontractual generaron sobrecostos en la ejecución de las obras, desconociendo los principios de planeación, eficiencia, economía, eficacia, moralidad y transparencia, lo que denota la materialización del presunto daño patrimonial”.

Lo encontrado

La Contraloría municipal estableció que, dentro del proceso licitatorio, la Administración municipal no estableció cantidades de obra que coincidieran con la realidad del proyecto o la necesidad a suplir, hecho que generó que el Municipio tuviese que reconocer cantidades de obra adicionales que debieron haber estado incluidas dentro del alcance inicial del contrato.

La auditoría precisa que no fue previsto lo concerniente al acero de refuerzo, en el que se tenía proyectado una cantidad de 21 Kg y fueron ejecutados 1.414.46 kg, existiendo un desface del 67.33% de mayor cantidad de obra ejecutada.

El mismo patrón se repitió en los concretos y refuerzos de todas las estructuras construidas en el marco del contrato. Tampoco se incluyeron los accesorios de gran radio, ventosas y anclajes, indispensables para la captación y conducción del agua.

Los diseños

El órgano de control fiscal precisa que otra muestra de la falta de planeación del proceso licitatorio, se refleja en las actas en la cuales se fijaron, incorporaron y se crearon ítems no previstos que, en su mayoría, según justificación contempladas en estos documentos, se originaron porque no habían sido contemplados inicialmente o por supuestas falencias en los diseños.

Sobre este aspecto, vale recordar que a través del contrato 040 del 15 de abril de 2013, el gerente del Ibal, Carlos José Corral, adjudicó la consultoría para llevar a cabo la formulación de los estudios y diseños para la optimización del acueducto Acuaboquerón a la firma Proycon Ltda.

Este contrato ascendió a $64 millones y fue adicionado en tiempo y dinero con un plazo de ejecución de tres meses.

“No es un hecho menor lo acontecido en la ejecución de las obras del contrato 2401 de 2013, ya que el sustento que tuvieron el Municipio y el contratista, no solo para suspender las obras por segunda ocasión, para determinar las modificaciones en las cantidades de obra y creación de nuevo ítems, fueron, al parecer, las falencias en los diseños y la no inclusión de algunas actividades esenciales para la materialización de la obra en un 10% y que desde el momento de la apertura del proceso debían estar incluidos”, resalta el informe.

De las adiciones

Otra de las evidencias que tuvo en cuenta la Contraloría como una falta al principio de planeación, fueron las dos adiciones en dinero y prórrogas en el plazo de ejecución de las obras.

La primera adición se efectuó en septiembre de 2014, por valor de 931 millones 658 mil pesos y que fue equivalente al 49.86% del valor inicial del contrato.

“Del acta de justificación de la adición, se desprende que estuvo sustentada a los ojos del ente de control en reiterativas falencias en los diseños y estudios que sirvieron de soporte de la obra y a actividades o ítems no previstos por la Administración en el aspecto técnico de la licitación 022 de 2013”.

El 15 de marzo de 2015, mediante un otrosí modificatorio, la Administración municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, reconoció mayores cantidades de obra ($693 millones) igual al 37% del valor inicial y prórroga el contrato por 60 días.

“Con fundamento en lo anterior, el defecto de planeación del contrato 2401 de 2013, se encuentra soportado en los actos contractuales, que generaron que una obra inicialmente pactada en mil 836 millones terminó valiendo tres mil 487 millones 55 mil pesos, es decir, que en su etapa de ejecución tuvo 87% de sobrecosto”.

Y continúa la Contraloría: “el hecho que por la prevalencia del interés general y por ende para lograr la consolidación del 100% del objeto contractual fuese necesario asumir mayores cargas económicas por parte de la entidad contratante, no dista que la misma Administración es la presunta culpable del sobrecosto que presentó la ejecución de esta obra”.

De los responsables

De acuerdo con el informe, “hubo notables descuidos” en las actuaciones de los funcionarios que, en representación de la administración, tuvieron la responsabilidad del proceso contractual, ya que se desconocieron en la fase precontractual los principios de planeación y economía que conllevaron a un presunto detrimento del patrimonio público.

De las contradicciones

Personal técnico de la Contraloría, llevó a cabo una visita a las obras de la línea de conducción desde Cataima hasta Boquerón.

En ella, se corroboró que una de las bocatomas se encontraba en desuso y su estructura colmatada. Tramos de tubería sin funcionalidad y que la de polietileno de alta densidad, ubicada en la falla El Salón, estaba fuertemente afectada y colocada a un costado de la vía. Además, que el agua no ingresaba a la planta de tratamiento de Acuaboquerón por la línea de conducción instalada en los 23 km, objeto del contrato 2401 de 2013.

Sin embargo, para el órgano de control fiscal, lo anterior no permitió determinar que la no funcionalidad de la obra se haya originado por mala calidad de los materiales usados o por desconocimiento de parte del contratista de los diseños que sirvieron de base para la obra, ya que, para llegar a esa conclusión, se requiere de equipo especializado y de un proceso de auditoría especial que permita llevar a cabo un estudio a profundidad.

“La obra como tal presenta falta de mantenimiento, desuso y mitigación de los daños y averías que pueden presentar este tipo de obra por parte de quien tiene a cargo su administración y mantenimiento”, precisa el órgano de control.

Para la Contraloría, esta situación se debe a omisión por parte de Acuaboquerón de acuerdo con las obligaciones que adquirió mediante el convenio interinstitucional 130 de 2015 suscrito en diciembre con el Municipio por cinco años.

Quien recibió y suscribió el convenio fue Juan Bautista como representante del acueducto comunitario, tras haber realizado un recorrido por la línea de conducción.

En 2014, reconoció que fue asaltado en su buena fe por el Ibal y la Administración local, pues el compromiso que asumió él, como representante legal de la empresa, fue proporcionar agua a las mil 100 viviendas, una vez estuvieran listas las obras para recepcionar el líquido desde Peñaranda.

El actual presidente de Acuaboquerón, Jorge Parra, no se explicó cómo Bautista, firmó y aceptó el recibo de las obras sin verificar la ejecución de los trabajos. L a Veeduría Agua para Ibagué, en reiterados informes, denunció las irregularidades en la ejecución de las obras y la calidad de las mismas. No obstante, la Contraloría sostiene que la responsabilidad recae en el acueducto.